Indígenas sin deberes, los demás ciudadanos sin derechos

La dictadura indígena en Colombia es una realidad asfixiante. Mientras ellos hacen y deshacen, en cuanto sitio se les da la gana de estar, las autoridades tienen que hacerse las desentendidas, no sea que sientan lesionados los «derechos ancestrales» de los que tanto presumen.

Mientras cualquier ciudadano tiene que pagar impuestos, y tener la espada de Damocles de la reforma tributaria sobre su cabeza, ellos van por la vida como si se tratase de seres especiales, diferentes, con muchos derechos y sin ningún deber. Los impuestos de las tierras que expropian a la fuerza no los pagan ellos, sino los ciudadanos de tercera que tributan ante el Estado, pues del presupuesto nacional sale la partida para que ellos sigan ostentando la categoría de propietarios sin deberes.

Además, de vez en cuanto sienten un apetito desaforado por ampliar sus feudos, para lo cual utilizan la violencia y la intimidación, logrando el despojo de tierras en diversos puntos del territorio nacional, todo con el pretexto de que son «tierras sagradas» que deben recuperar para que el país les pague un mínimo porcentaje de la «deuda ancestral» que dicen, Colombia tiene con ellos.

Tampoco les importan las otras minorías, esas que se parten el alma en sus trabajos o en sus minifundios. A esos, como pasa en el Cauca y en el Valle, ellos consideran que hay que arrinconarlos para quitarles el derecho de sustentar a sus familias o explotar con cultivos lícitos las tierras que tanto les costó conseguir.

¡Quieren tierras! Pero, a lo sumo, son los mayores productores de cultivos ilícitos, esos que, procesados, terminan inundando las calles de todas las ciudades del mundo. El resto de tierras, permanecen sin cultivar, porque parece que hasta el planeta y la comida tienen una «deuda ancestral» con ellos. Pero no tienen la culpa: es la «opresión ancestral» que los ha llevado a sembrar coca, amapola o marihuana, porque lo lícito no les permite sobrevivir. Eso sí: a los «deudores ancestrales» que carecen de identidad indígena, los cultivos legales les permiten vivir e incluso, a muchos, prosperar.  

Por si fuera poco, a los líderes indígenas, congregados en organizaciones que se asemejan a las mafias, el Estado tiene que girarles anualmente, presuntamente para que inviertan en las comunidades, lo que rara vez ocurre. Todo ese dinero que se diluye en esas redes mafiosas sale del bolsillo de todos los colombianos.

Ni hablar de la justicia. Ellos tienen rancho aparte. La justicia «ancestral» les permite castigar a un violador con unos cuantos fuetazos, a un asesino con una estadía en el cepo o a un ladrón, con cualquier ocurrencia que haya surgido en el primitivismo que tanto quieren rescatar. Además, la ablación femenina, práctica reconocida por el Estado colombiano, es común en comunidades indígenas como los Embera Katíos, quienes solo el año pasado practicaron más de 140 mutilaciones.

Ahora, los indígenas que malvivieron en el Parque Nacional, los mismos de la ablación, y que están refugiados en un lote concedido por el Distrito, decidieron asaltar el edificio de Avianca, en pleno centro de Bogotá. Cuando las autoridades intentaron retomar el control, los exaltados agredieron a ciudadanos, gestores de convivencia y policías, en una muestra desbordada de la violencia que son capaces de ejercer, sin el temor de ser procesados por el aparato judicial colombiano.

Nada los detiene. Gracias a las concesiones imposibles, a las promesas vacías y a un gobierno cómplice y pusilánime, los indígenas optaron por generar dos guerras simultáneas en Colombia: la rural, mediante la invasión de tierras, y la urbana, con el vandalismo y la turbamulta contra todo lo que represente algo de modernidad.

Esa dictadura de los indígenas es el resultado de las políticas estatales de subsidiar la «tragedia» de ser aborígenes, por lo cual, les inocularon el veneno de ser merecedores de todo, sin ser responsables de nada. Los mestizos, mulatos y negros son, a la vista del actual gobierno y de los indígenas agresores, ciudadanos de tercera, sin derechos pero con muchos «deberes» onerosos y ancestrales.