Gobierno Petro habría ejecutado contratos directos por más de $31 billones con organizaciones comunitarias

Un informe divulgado el 26 de marzo da cuenta de la suscripción de más de 80.000 mil contratos directos entre entidades estatales y organizaciones de carácter comunitario durante la actual administración, con una asignación que supera los 31 billones de pesos.

La información fue conocida tras una respuesta de Colombia Compra Eficiente a un derecho de petición y difundida por el El Tiempo y de acuerdo con los datos entregados, los contratos fueron celebrados con juntas de acción comunal, asociaciones comunitarias, cabildos, resguardos indígenas y consejos comunitarios, en el marco de una figura incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023.

Este mecanismo permitía la contratación directa con actores de la economía popular y comunitaria para la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y proyectos culturales.

La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de ese plan, al considerar que introducían un esquema de contratación sin precisar su alcance ni los sujetos a los que aplicaba, lo que implicaba un desconocimiento de las reglas que rigen la contratación pública. El alto tribunal también señaló que la medida intervenía en materias sujetas a reserva de ley.

Antes de la decisión judicial, el modelo fue utilizado para la firma de contratos por montos significativos. Según la información disponible, más de 25 billones de pesos se concentraron en acuerdos con asociaciones comunales, mientras que otros recursos se distribuyeron entre consejos comunitarios, resguardos indígenas, cabildos y juntas de acción comunal.

El estado de ejecución de estos contratos muestra que una proporción reducida ha sido finalizada. En el caso de los convenios con asociaciones comunales, una parte aparece como terminada, mientras que la mayoría continúa en etapas como ejecución, modificación o simplemente registrada como celebrada. Un comportamiento similar se observa en los demás tipos de organizaciones vinculadas.

Entidades de control han emitido alertas sobre la implementación de este esquema. La Contraloría ha señalado observaciones en la ejecución de proyectos asociados a estos contratos, indicando que varias de las obras previstas no presentan avances acordes con las metas establecidas.

Uno de los casos mencionados corresponde al programa Caminos para la Paz, en el que, de acuerdo con reportes del ente de control, se habían construido 2.387 kilómetros de vías rurales frente a una meta de 33.000 kilómetros proyectados hasta 2025.

Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura también plantearon reparos sobre este tipo de contratación. Entre los puntos señalados se incluyó la participación de organizaciones sin trayectoria técnica en proyectos de obra pública, así como posibles efectos en la competencia dentro del sector.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que respaldó la figura, señalando que la flexibilización de la contratación podía ajustarse a criterios de proporcionalidad y que debía aplicarse bajo las normas vigentes en materia contractual.

Los datos conocidos reflejan el uso extendido de este mecanismo antes de su anulación por parte de la Corte Constitucional, así como el estado actual de los contratos y las observaciones formuladas por distintos actores institucionales y gremiales.

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