Gobierno decretó Emergencia Económica y anunció imposición de impuesto al patrimonio a personas jurídicas

El Gobierno Nacional presentó hace unos minutos, el decreto de Emergencia Económica mediante el cual estableció un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, con el objetivo de financiar la atención de los daños provocados por las recientes inundaciones en varias regiones del país.

La decisión fue anunciada durante un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro en Cartagena, en la cual, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la medida buscaba responder a la magnitud de la emergencia climática y garantizar recursos de manera inmediata para acelerar la recuperación, especialmente en el Caribe colombiano.

El decreto fijó una tarifa general del 0,5 % para las empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, equivalentes a aproximadamente $10.474 millones de pesos. Así mismo, también estableció una tarifa diferencial del 1,6 % para los sectores financiero y minero-energético, de los cuales se proyectó que provendría el 56 % del recaudo.
Ávila indicó que el tributo se pagaría en dos cuotas, el 50 % el 1 de abril y el 50 % restante el 4 de mayo, de igual forma, explicó que los recursos se destinarían principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

Durante el Consejo de Ministros, el jefe de la cartera económica presentó un balance preliminar del impacto de la temporada invernal, reportando 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos, debido a las cuales más de 69.000 familias resultaron afectadas, diez personas fallecieron y se registraron daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

En el sector productivo se conoció además que cerca de 20.000 hectáreas resultaron afectadas y más de 4.100 viviendas quedaron destruidas, de acuerdo a datos oficiales, el costo estimado para la atención y recuperación ascendió a 8 billones de pesos.

El ministro sostuvo que la propuesta se estructuró a partir de la evaluación técnica realizada por el Gobierno sobre la magnitud del impacto y en el marco de las restricciones jurídicas señaladas por la Corte Constitucional. Recordó que el impuesto al patrimonio ya había sido utilizado en el país para enfrentar emergencias derivadas de fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

Ávila también informó que el Gobierno sostuvo conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la atención de la emergencia. Señaló que entre 2024 y 2025 ese sector duplicó sus utilidades, por lo que consideró necesario su aporte en la coyuntura actual.

Entre las propuestas planteadas se incluyeron periodos de gracia para los afectados y la suspensión de cobros jurídicos, de acuerdo a información oficial, el paquete de alivios contempló un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, la conservación de la calificación crediticia y la suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera.

El Gobierno solicitó además la reducción de tasas de interés en líneas dirigidas a la economía popular y el fortalecimiento del crédito asociativo, medidas que podrían incorporarse en decretos posteriores.