Fiscalía está en proceso de imputación contra Juliana Guerrero por presuntos títulos falsos

La Fiscalía General de la Nación está imputando en este momento, cargos a Juliana Andrea Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez Martínez por presunta falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. 

Ambos delitos estarían vinculados a la presentación de títulos académicos ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). Según la investigación, Guerrero Jiménez cargó al sistema, el 3 de septiembre de 2025, cuatro documentos expedidos por la Fundación Universitaria San José fechados el 1 de julio del año pasado. 

Los cuales fueron: un título de Contadora Pública, su acta de grado, un título tecnológico en gestión contable y tributaria y su acta de grado correspondiente. 

La Fiscalía sostuvo que, aunque los diplomas tienen firmas y formatos institucionales auténticos, son ideológicamente falsos, porque la acusada nunca cursó las materias, presentó exámenes ni cumplió los requisitos legales para obtenerlos incluyendo las pruebas Saber Pro, exigencia que todos los estudiantes del país deben llevar a cabo para obtener un título en la educación superior.

La delegada fiscal indicó que el objetivo de Guerrero fue cumplir con los requisitos exigidos para el cargo de Viceministra de Juventudes “con el propósito de inducir en error a los servidores públicos y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”. 

De igual forma, la funcionaria agregó que la imputada actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos, puesto que cargó de manera voluntaria los documentos que podían engañar a la administración pública debido a su apariencia legítima.

Por su parte, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, Secretario General de la Fundación, está siendo imputado por presunta falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, Gutiérrez Martínez utilizó un perfil de “superadministrador” en el sistema de la institución que le permite autorizar manualmente la expedición de los títulos, aun cuando la validación académica de Guerrero Jiménez no es satisfactoria.

Durante la audiencia, la defensa técnica de Guerrero cuestionó la precisión de la imputación y solicitó aclaraciones sobre aspectos clave del caso, mencionando que tenían varias solicitudes de aclaración que elevaron a la señora fiscal con fundamento en la jurisprudencia. 

Entre las solicitudes, la defensa pidió precisar las fechas exactas de expedición de los títulos y las normas que respaldan los requisitos académicos para optar por los títulos de profesional y tecnólogo. 

También se cuestionó cómo un diploma expedido por una entidad privada puede adquirir carácter de documento público y cómo un secretario de la fundación se asimila a servidor público.

La Fiscalía respondió que los documentos contaban con apariencia de legalidad y que, por la naturaleza de la función educativa de la Fundación, los implicados se asimilan a servidores públicos. 

Por lo que, la fiscal delegada enfatiza que la expedición de los diplomas materialmente auténticos pero ideológicamente falsos configura los delitos imputados y explica que la finalidad del fraude es cumplir con las exigencias de la Resolución 22 de 2023 para el cargo de Viceministra de Juventudes.

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