Esta sería la factura de publicidad que serviría como prueba reina para comprobar la violación de topes en la campaña Petro Presidente
La evidencia sería clave en la ponencia presentada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes votaron para que el pliego de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, se estudie de inmediato. Lo anterior lleva a acusar a
En las últimas horas se conoció la que sería considerada la «prueba reina» que demostraría la evidente violación de topes en la campaña de Petro Presidente.
La evidencia sería clave en la ponencia presentada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes votaron para que el pliego de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, se estudie de inmediato. Lo anterior lleva a acusar al Presidente y a Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro Presidente en el 2022.
Se trata entonces de una factura revelada por el periodista Daniel Coronell en su columna de opinión en Cambio, la cual corresponde a un valor de $356.102.872 por publicidad en Caracol Televisión durante la primera vuelta de las elecciones. La misma, según se indica, no fue reportada a las autoridades electorales.
Al parecer, si se suma correctamente la orden de publicidad que según se indica estuvo al aire en el mes de mayo, las cuentas darían como resultado un excedente en el tope permitido.



«La contabilidad que envió la campaña a las autoridades electorales muestra que reportaron 28.384 millones de pesos como gastos de la primera vuelta. El tope de gastos era de 28.536 millones. Es decir, de acuerdo con los documentos estuvieron 152 millones por debajo del límite. Por lo tanto si no reportaron la factura de Caracol, con un valor superior a 350 millones de pesos, excedieron el límite legal», indicó Coronell.
Adicionalmente, Daniel Coronell afirma que «la ley establece que los topes de financiación y de gastos son diferentes para la primera y la segunda vuelta presidencial. Las razones son sencillas: la realización de la segunda vuelta no es un hecho ya que un candidato puede ganar en primera, además, la campaña de segunda vuelta se limita a tres semanas y a dos finalistas. Por tal razón, la norma determina que los gastos deben reportarse separadamente».
Para explicar lo anterior, es importante tener en cuenta que, el tope de gastos a invertir por los candidatos a la Presidencia de la República en 2022 fue de $28.536.520.492, y de $13.347.457.427 para la segunda.
Es importante tener en cuenta que esta factura que recién se conoció no es la primera prueba que podría jugar en contra del actual jefe de Estado, pues también se tiene conocimiento de los extractos bancarios de la empresa que suministró los servicios de capacitación y coordinación de testigos electorales por valor de 202 millones de pesos en el mes de mayo de 2022.
Los detalles y justificaciones que da el presidente Petro y los miembros de la campaña Petro Presidente no convencen ni son coherentes con la información y las pruebas que hoy se tienen. Ricardo Roa, tendrá la oportunidad de dar sus explicaciones ante el Consejo Nacional Electoral dentro de dos semanas.
Como era de esperarse, tras conocerse lo anterior, el presidente Gustavo Petro indicó en sus redes sociales que: «se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular». Lo que ha generado una ola de críticas en su contra por parte de congresistas, líderes de opinión y personajes del empresariado colombiano; pues cada vez que se abre una posible investigación en su contra, el Presidente habla de supuestos golpes de Estado.
Si se llega a confirmar el pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente, os involucrados tendrían 15 días hábiles para presentar descargos. De ahí iniciaría el término probatorio, para lo cual la ley contempla hasta 60 días para que se formulen alegatos y otros 30 para que la sala plena del CNE decida finalmente.
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