Escándalo en Ministerio de la Igualdad: Agresión y corrupción en la COP16

Un nuevo escándalo sacude al Ministerio de la Igualdad, tras una grave denuncia por parte de Jenny Liliana Pulido Velásquez, contratista encargada de la participación ciudadana en la cumbre de la COP16.

Durante una reunión virtual con al menos 20 personas, Pulido aseguró que fue agredida físicamente por la viceministra de la Mujer, Tamara Matea Ospina, en medio de un altercado que habría surgido por la advertencia de presuntos malos manejos de recursos destinados para la cumbre.

Según la contratista, el incidente se produjo cuando ella alertó a la viceministra sobre irregularidades en los pagos de transporte para personas de Suárez (Cauca) —tierra natal de la vicepresidenta Francia Márquez—, quienes participarían en la COP16 en Cali.

Pulido denunció que, mientras algunas personas cobraron sumas razonables de entre 35.000 y 40.000 pesos, otras, presuntamente familiares de la vicepresidente, habrían cobrado hasta 700.000 pesos por gastos de transporte.

Supuestos Malos Manejos y Presiones Políticas

Las acusaciones no se detienen ahí. Pulido aseguró que varias de las mujeres que exigían estas sumas desproporcionadas serían familiares de Márquez y que habían cobrado lo mismo por asistir a otros eventos del Gobierno. Esta situación, según la contratista, la dejó sin los recursos necesarios para efectuar los pagos correspondientes.

La situación escaló cuando, según Pulido, la propia vicepresidenta Francia Márquez la llamó para intimidarla. En la conversación, Márquez habría justificado los pagos alegando que esas mujeres fueron fundamentales para su llegada a la vicepresidencia, y descalificó a Pulido, insinuando que no comprendía las realidades de los territorios al estar «encerrada en Bogotá». Además, habría subestimado el conocimiento de Pulido sobre los costos de transporte entre Cali y Suárez.

Reacciones y Expectativas

Este escándalo plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a eventos gubernamentales, en especial en torno a la participación ciudadana en foros internacionales como la COP16. Hasta el momento, ni la viceministra Ospina ni la vicepresidenta Márquez han respondido oficialmente a las acusaciones.

El caso promete desencadenar investigaciones más profundas, mientras crecen las expectativas sobre cómo abordará el Gobierno estas graves denuncias de corrupción y abuso de poder.