(EN VIDEO) Senado evalúa situación jurídica de Wadith Manzur tras solicitud trasladada por la Corte

El secretario general del Senado, Diego González, informó que la Corporación adelanta un análisis jurídico sobre la situación del senador electo Wadith Manzur, luego de que la Corte Suprema de Justicia trasladara una solicitud relacionada con su eventual posesión en el próximo periodo legislativo.

Según explicó el funcionario, la respuesta del Senado dependerá de una revisión de la normatividad constitucional y legal aplicable, con el fin de emitir un pronunciamiento de fondo. Indicó que este proceso se realiza tras la remisión de un derecho de petición presentado por un ciudadano ante el alto tribunal, en el que se plantean interrogantes sobre la posibilidad de que Manzur asuma su curul.

El documento fue presentado por Francisco Javier Araujo Morelos ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, en el que se solicitó aclarar si existe garantía para que el senador electo pueda posesionarse y si la medida de aseguramiento en su contra impide el ejercicio del mandato derivado del voto. En su planteamiento, el peticionario señaló que este tipo de medidas no deberían anular los derechos políticos.

La Sala de Instrucción indicó que no emitirá un pronunciamiento directo sobre las preguntas formuladas. No obstante, al considerar que el asunto guarda relación con la posesión de congresistas electos, decidió remitir la solicitud al Senado para que esa corporación adelante el análisis correspondiente.

La decisión de traslado quedó consignada en un auto firmado el 27 de marzo de 2026 por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, dirigido al presidente del Senado, Lidio García.

En ese contexto, el secretario general del Senado reiteró que la corporación no adoptará decisiones sin sustento en órdenes judiciales formales. Señaló que cualquier determinación sobre la posesión o el ejercicio del cargo debe estar soportada en lo que dispongan las autoridades competentes.

El caso de Manzur se da luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara, el 11 de marzo de 2026, una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra. La decisión se relaciona con una investigación en la que se le vincula con presuntas irregularidades en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y supuestos acuerdos a cambio de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El análisis que adelanta el Senado también se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre otras curules, como la de Karen Manrique, en relación con la eventual aplicación de la figura de la silla vacía en casos que involucren decisiones judiciales.

Por ahora, la corporación legislativa continúa con la revisión de los elementos jurídicos necesarios para emitir una respuesta frente a la solicitud trasladada por la Corte Suprema, en un escenario que involucra decisiones judiciales y disposiciones constitucionales sobre el ejercicio de cargos de elección popular.

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