(EN VIDEO) Corte Suprema archivó proceso contra Pedraza tras denuncia de Juliana Guerrero por calumnia

La Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió archivar de manera definitiva el proceso iniciado por Juliana Guerrero contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, en el marco de una controversia relacionada con la divulgación de información sobre su hoja de vida y la validez de sus títulos académicos.

La decisión se conoció este viernes 20 de marzo de 2026, luego de varios meses de análisis de la denuncia interpuesta en agosto de 2025. En esa acción judicial, Guerrero señalaba a Pedraza por los delitos de calumnia, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales, tras la difusión de información sobre su formación académica y experiencia profesional.

En una resolución de 51 páginas, el alto tribunal descartó la configuración de los delitos señalados. La Corte estableció que los datos divulgados por la Congresista, como nombres completos, número de identificación, formación académica y trayectoria laboral, corresponden a información de carácter público, asociada a los requisitos para el ejercicio de cargos estatales, por lo que no requieren autorización previa para su consulta o divulgación.

El análisis también abordó el acceso a plataformas oficiales como el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) y registros relacionados con evaluaciones académicas. Según el fallo, la consulta de estos datos se enmarca dentro de los principios de publicidad y transparencia que rigen la función pública en Colombia, lo que excluye la existencia de conductas relacionadas con delitos informáticos.

En cuanto a la acusación por calumnia, el proceso fue archivado debido a la inasistencia de Guerrero a una audiencia de conciliación programada para noviembre de 2025, lo que llevó a la terminación de ese componente del caso.

La controversia tuvo origen en un ejercicio de control político liderado por Pedraza, quien expuso presuntas irregularidades en títulos académicos obtenidos en la Fundación de Educación Superior San José. En ese contexto, la Congresista planteó la existencia de posibles inconsistencias en la expedición de títulos y mencionó la participación de estructuras relacionadas con la emisión de certificaciones académicas.

Durante el desarrollo del caso, también se hizo referencia a una empresa denominada Blu Hartman y a una entidad identificada como ICAFT, en el marco de las denuncias públicas sobre la presunta existencia de esquemas asociados a títulos académicos sin soporte verificable.

Adicionalmente, se conoció que Guerrero y un exdirectivo de la Fundación han sido citados a audiencias de imputación por delitos como fraude procesal y falsedad en documento público, sin que hasta el momento hayan comparecido ante las autoridades judiciales para rendir versión.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia deja sin efectos el proceso penal contra la Congresista y mantiene abiertas otras actuaciones relacionadas con la verificación de la información académica y los procedimientos asociados a su expedición, en el contexto de las investigaciones en curso.

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