Defensoría del Pueblo rechazó amenazas contra Paloma Valencia y pidió acciones para proteger el proceso electoral

La Defensoría del Pueblo se pronunció frente a las amenazas y hechos de hostigamiento denunciados contra la candidata presidencial Paloma Valencia, e hizo un llamado a las autoridades para investigar lo ocurrido y adoptar medidas que garanticen el ejercicio de la actividad política en el país.

En un comunicado fechado el 12 de abril de 2026, la entidad informó que en días recientes circuló una imagen que constituye una amenaza de muerte contra la candidata. Asimismo, señaló que una sede de su campaña fue vandalizada en Bucaramanga. “Rechazamos estos hechos y expresamos nuestra preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas”, indicó la Defensoría.

En su pronunciamiento, la entidad reiteró que en un Estado Social de Derecho ninguna persona debe ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política. Señaló que la protección de quienes intervienen en el debate público es una condición para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral.

En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. “Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar los riesgos contra la vida e integridad de la candidata”, señaló.

El organismo también se refirió a la necesidad de adoptar medidas específicas frente a la participación de las mujeres en política. Indicó que existe un deber del Estado de promover su participación y prevenir hechos de violencia en este contexto, al tiempo que advirtió que la campaña electoral actual cuenta con un 23 % de participación femenina, lo que, según la entidad, puede verse afectado por este tipo de situaciones.

La Defensoría hizo además un llamado a los distintos sectores políticos e institucionales para rechazar estos hechos y contribuir a un debate público sin violencia. En ese sentido, citó el “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz”, que establece la necesidad de promover discusiones sin estigmatización ni discursos que pongan en riesgo la integridad de los participantes en la contienda.

Asimismo, instó al Ministerio del Interior a priorizar estos casos en la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales y en los espacios encargados de formular recomendaciones de protección y seguridad para las candidaturas.

En relación con el entorno digital, la entidad señaló la responsabilidad de las plataformas sociales frente a la circulación de contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia. “Reiteramos la necesidad de que las plataformas digitales y redes sociales actúen con debida diligencia frente a la circulación de contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia”, indicó.

Finalmente, la Defensoría afirmó que continuará haciendo seguimiento a esta situación en cumplimiento de su mandato de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, y reiteró que “la democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante la palabra y las ideas, y cuando existen garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de seguridad y respeto”.