Defensoría del Pueblo advirtió riesgo por explosivos, minas antipersonal y reclutamiento forzado en zonas del Chocó

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el uso de explosivos como una táctica recurrente por parte del BOCJA, situación que ya dejó víctimas en la zona durante el año anterior. A este panorama se suma la preocupación por la posible instalación de minas antipersonal en caminos rurales y zonas de tránsito, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.

El organismo advirtió que el derecho a la salud está siendo vulnerado en medio del confinamiento que enfrentan los habitantes. Según los reportes, se han presentado casos de mujeres con crisis hipertensivas severas que no han podido ser evacuadas ni recibir atención médica oportuna debido a las restricciones de movilidad impuestas por la situación de orden público.

La Defensoría también señaló que los menores de edad se encuentran en un nivel de riesgo elevado. Durante 2025 se registraron siete casos de reclutamiento forzado, mientras que actualmente 324 estudiantes no están recibiendo clases. Esta situación se debe al temor de los docentes y a las limitaciones para desplazarse en el territorio.

En zonas como Munguidó, las instituciones educativas no cuentan con condiciones básicas ni entornos seguros, lo que, según el organismo, incrementa la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a la influencia de grupos armados ilegales.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las entidades del orden nacional y territorial para que adopten medidas inmediatas. En el marco de su Alerta Temprana de Inminencia (ATI), la entidad formuló 17 recomendaciones dirigidas a instituciones como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación del Chocó.

Las recomendaciones buscan una respuesta rápida del Estado que permita disuadir la violencia en la zona, así como la implementación de tecnologías para contrarrestar ataques con drones. De igual forma, se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de autoprotección étnica y garantizar asistencia humanitaria integral, bajo un enfoque de seguridad humana.