Controversia en el CNE. Magistrada Velásquez bajo escrutinio por su vínculo con el Pacto Histórico

La imparcialidad de la magistrada Alba Lucía Velásquez, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) y considerada cercana al gobierno de Gustavo Petro, está siendo cuestionada tras revelarse que fue testigo electoral del Pacto Histórico durante las elecciones al Congreso en marzo de 2022. A esto se suma un pago registrado por su participación, lo que ha generado dudas sobre un posible conflicto ético en su desempeño actual.

Un vínculo que siembra dudas

Documentos entregados al CNE por la empresa Matrix confirman que Velásquez recibió un pago de 480.000 pesos el 8 de abril de 2022. El giro fue realizado por Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico y actual ministro de Salud. Según el registro, Velásquez desempeñó funciones de “apoyo electoral en los escrutinios”.

Aunque la magistrada asegura que su labor fue limitada y puntual, omitir esta información ante sus colegas del CNE ha generado cuestionamientos sobre su transparencia, especialmente tras haber votado en contra del pliego de cargos por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro, según datos revelados por una revista nacional.

¿Debería haberse declarado impedida?

Si bien la magistrada no estaba legalmente obligada a declararse impedida en este caso, diversos sectores argumentan que, por ética, debió informar su participación en las elecciones. El asunto es delicado porque la campaña al Congreso del Pacto Histórico, en la que Velásquez tuvo un rol activo, está vinculada a varios de los escándalos que rodean la campaña presidencial de Petro.

Entre ellos, destaca el uso de un avión privado proporcionado por la Sociedad Aérea de Ibagué y financiado con recursos de Daily Cop, una criptomoneda envuelta en denuncias de estafa. Este avión habría sido utilizado tanto por candidatos al Congreso como por la campaña presidencial, lo que lo convierte en un elemento clave dentro de las investigaciones en curso.

Las explicaciones de Velásquez

En declaraciones a un medio nacional, Velásquez negó haber sido testigo electoral y afirmó que su rol fue limitado a los escrutinios posteriores a las votaciones:

“Lo único que recibí fue un apoyo para transporte, relacionado con actividades posteriores a las elecciones. No recibí remuneración ni estuve vinculada mediante contrato, y esto ocurrió antes de asumir como magistrada”.

También defendió su decisión de no informar sobre el pago de 480.000 pesos, argumentando que no existe obligación de detallar este tipo de gastos ante el CNE. Además, subrayó que su participación en procesos similares ha sido parte de su trayectoria profesional.

El debate ético

Aunque Velásquez insiste en que su actuación fue puntual y legítima, el caso ha abierto un debate sobre los límites éticos de quienes ocupan altos cargos en el CNE. Analistas cuestionan si el silencio de la magistrada y su posterior decisión de votar en casos relacionados con la campaña presidencial de Petro afectan la confianza en la independencia del tribunal.

La controversia pone de manifiesto la necesidad de revisar las normas éticas y de transparencia en el CNE, especialmente en un contexto político polarizado donde la credibilidad de las instituciones está bajo constante escrutinio.

El futuro de Velásquez en el CNE ahora depende de si el tribunal considera que su vínculo previo con el Pacto Histórico compromete su imparcialidad en los casos que aún están por resolverse. Por ahora, el debate sigue abierto, y la magistrada se mantiene en el ojo del huracán.