La Contraloría General de la República envió un documento a la Corte Constitucional en el marco de la revisión del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varios departamentos del país, debido a las afectaciones provocadas por intensas lluvias y un frente frío.

En el documento, el organismo de control respondió a un requerimiento del alto tribunal en el que se le solicitaba información sobre la disponibilidad de recursos, la situación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la capacidad de las entidades encargadas de atender la emergencia.

También se pidió un balance de la gestión fiscal y los instrumentos disponibles para financiar la atención de los eventos derivados de la situación climática.

La Contraloría explicó que, con base en la información analizada, se evidenciaron estimaciones preliminares sobre los recursos disponibles, aunque con niveles significativos de incertidumbre.

Además, el ente de control advirtió que estas cifras podrían implicar posibles desfinanciaciones parciales, asignaciones ineficientes y la necesidad de recursos adicionales no previstos, lo que afectaría la sostenibilidad fiscal y la ejecución del gasto público.

En el documento también señaló que no se identificó un plan nacional plenamente articulado y suficientemente detallado para atender la emergencia de manera integral, sino más bien un conjunto de respuestas sectoriales basadas en estimaciones generales.

Según el análisis, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoció que el nivel de desagregación requerido en términos de proyectos específicos y criterios de priorización aún se encuentra en construcción.

Asimismo, se indicó que no se ha expedido el acto administrativo de liquidación de los recursos, lo que impide su incorporación presupuestal y, por ende, su posterior ejecución. En ese sentido, la Contraloría advirtió que persisten debilidades en la estructuración de las intervenciones, así como falta de información detallada en territorio, lo que limita la coherencia del conjunto de medidas adoptadas.

Finalmente, la Contraloría concluyó que no contaba con elementos suficientes para emitir un pronunciamiento técnico definitivo en esta etapa del proceso, más allá de advertir que las cifras disponibles corresponden a estimaciones iniciales.

Sin embargo, reiteró que el seguimiento a la ejecución de los recursos será abordado en el marco de sus funciones ordinarias de vigilancia y control fiscal.

Dicho análisis se conoció justo unas horas luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional declarara inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Petro había declarado la emergencia económica, social y ecológica en el país para adoptar medidas extraordinarias frente a la situación fiscal.

Esta decisión fue adoptada con una votación de seis magistrados a favor de tumbar la medida y dos en contra, con salvamento de voto, y dejó sin efectos la declaratoria de estado de excepción expedida por el Ejecutivo a finales de 2025.

Cabe recordar que en su momento se argumentó que la situación nacional alcanzaba un nivel grave e inminente que afectaba la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.

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