Contraloría halló irregularidades por $16.382 millones en compra de Hacienda Simba por la Agencia Nacional de Tierras

La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $16.382 millones en la compra del predio Hacienda Simba, ubicada en el departamento de Sucre, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Así lo informó el organismo de control a través de un comunicado oficial, en el que detalla las irregularidades detectadas durante el proceso de adquisición del inmueble.

De acuerdo con la Contraloría, la ANT suscribió en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales por un valor total de $27.304 millones. En el marco de ese acuerdo, la entidad desembolsó un anticipo correspondiente al 60 % del valor total del predio, pese a que, según el ente de control, han transcurrido más de 18 meses sin que el bien haya sido escriturado ni transferido legalmente a nombre de la Agencia Nacional de Tierras.

El comunicado señala que este hecho impide que la ANT pueda incorporar el predio dentro de su contabilidad institucional. En ese sentido, la Contraloría advirtió que, debido a las condiciones actuales del proceso, la entidad “no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público”.

Durante la revisión del procedimiento, la Contraloría General concluyó que la compra del predio no se ajustó a las disposiciones normativas vigentes. En el documento oficial se indica que el proceso presentó fallas estructurales al omitirse “etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social”, las cuales son obligatorias en este tipo de operaciones que involucran recursos públicos y bienes de interés estatal.

El organismo de control también puso en evidencia una modificación en el destino inicial del predio. Según la información oficial, la adquisición de la Hacienda Simba fue concebida originalmente para beneficiar a comunidades campesinas. No obstante, la ANT realizó una entrega provisional de cerca del 60 % del terreno a comunidades indígenas, sin que existiera un acto administrativo que sustentara ese cambio de destinación.

La Contraloría precisó que dicha entrega se efectuó sin los soportes legales requeridos y sin que se realizara un ajuste presupuestal que respaldara la modificación del propósito inicial de la compra. En el comunicado se advierte que esta actuación se llevó a cabo “sin acto administrativo que justificara dicho cambio, ni ajuste presupuestal”.

El hallazgo fiscal determinado por la Contraloría asciende a $16.382 millones, cifra que corresponde a las inconsistencias detectadas en el manejo de los recursos públicos asociados a esta operación. El ente de control no solo cuestionó la ejecución financiera del contrato, sino también la ausencia de garantías jurídicas que permitan establecer con claridad la titularidad del predio y su correcta incorporación al patrimonio estatal.

Con esta determinación, la Contraloría General reafirma su función de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y la gestión de las entidades del Estado. El caso de la Hacienda Simba se suma a los procesos de control fiscal que adelanta el organismo para verificar que las actuaciones administrativas se ajusten a la normatividad vigente y respondan al interés general.