Condenaron a más de 16 años de prisión a exgerente de Yapurutú por corrupción en la UNGRD

Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en un entramado de corrupción que afectó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La decisión se dio tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron su intervención en irregularidades relacionadas con millonarios contratos destinados a atender emergencias en La Guajira.

El condenado aceptó de manera libre y voluntaria dos de los cuatro delitos imputados, los cuales son peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Esta aceptación fue avalada por el juez. 

En cuanto a los cargos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía continuó el proceso con la radicación del escrito de acusación.

De acuerdo a las pruebas que se tienen hasta el momento, al parecer Estupiñán Bravo participó en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por un valor de 29.000 millones de pesos, este contrato tenía como objetivo el suministro de 40 carrotanques para transportar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

De acuerdo al ente investigador, para lograr la adjudicación, el exfuncionario presentó documentación falsa con la que supuestamente acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sin embargo, dicha información se sustentaba en una alianza comercial inexistente entre la corporación Yapurutú y un concesionario automotriz.

Además, las pruebas indicaron que intervino en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, pese a que los carrotanques no estaban disponibles, ya que se encontraban en proceso de ensamblaje.

El material probatorio también permitió establecer un sobrecosto de 11.114 millones de pesos en el contrato. De ese monto, el condenado, junto con el representante legal de la corporación, se apropió de 4.330 millones de pesos y facilitó que terceros se quedaran con otros 6.784 millones.

Cabe recordar que ya desde el pasado 29 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la Nación había radicado escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otros siete presuntos involucrados en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Según las evidencias, los implicados habrían participado en el direccionamiento irregular de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques, plantas desalinizadoras, pozos de agua potable y otros servicios para la atención de emergencias en La Guajira.

En el caso de Manrique Soacha, la Fiscalía indicó que habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, a cambio de favorecer a oferentes específicos en los contratos derivados de esos recursos.

Entre los otros señalados figuraban contratistas de la UNGRD y directivos de la Corporación Yapurutú, incluido Francisco Javier Estupiñán Bravo, quienes habrían intervenido en la adjudicación de estos contratos.