La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá informó que condenó a 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas FARC-EP por 165 hechos delictivos cometidos en varias regiones del país. Donde se incluyeron acciones en departamentos como: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas.

Los sentenciados fueron Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa, alias Cochebomba, Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, alias Fuego Verde, Berny Derley Ordoñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas personas fueron declaradas responsables de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo, de acuerdo con los parámetros de la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, que regula la justicia transicional para excombatientes.

Entre los hechos más graves se documentaron la toma a la base de la Policía Antinarcóticos y del Ejército Nacional en Miraflores, ubicado en Guaviare, perpetrada el 3 de agosto de 1998, que dejó 19 uniformados muertos y 131 secuestrados. 

Desde la Defensoría del Pueblo se mencionó además sobre este hecho violento que la autoría fue atribuida al Bloque Oriental de las FARC, que ejecutó una toma violenta que duró 26 horas, y afectó de manera considerable el municipio por lo cual gran parte de la población tuvo que desplazarse forzadamente.

Por otra parte, el ente investigador también atribuyó a las personas judicializadas la incursión armada realizada en Mitú, departamento de Vaupés, ocurrida el 26 de octubre de 1998, cuando aproximadamente 1.500 miembros del Bloque Oriental atacaron la estación de policía, asesinaron a 38 integrantes de la fuerza pública y a 8 civiles, y secuestraron a 61 policías.

El proceso judicial también documentó el reclutamiento forzado de una niña de 11 años en la vereda Retiro Milagro de Yopal (Casanare), en 1995. Durante el tiempo que permaneció en las zonas campamentarias del grupo armado ilegal, la menor fue víctima de abuso sexual sistemático y se le obligó a abortar en dos ocasiones.

Asimismo, se acreditó la desaparición de Pedro Antonio Ramos Vázquez, integrante de la Policía Nacional, quien fue retenido el 6 de diciembre de 2000 en inmediaciones de Yopal (Casanare). El uniformado fue obligado a descender de un bus de servicio intermunicipal y trasladado a una zona rural por hombres armados. A la fecha de la sentencia, su paradero continuaba siendo desconocido.

Los condenados deberán cumplir 480 meses de prisión y pagar una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, además de cumplir las obligaciones adicionales impuestas en el fallo judicial.

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