Los bloqueos en el departamento de Santander comenzaron a escalar desde el 10 de abril, cuando las protestas campesinas contra el aumento del avalúo catastral terminaron afectando puntos estratégicos de movilidad. Ese día, la situación llevó a la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro, ante la imposibilidad de garantizar condiciones de seguridad y acceso para pasajeros y personal.

En ese momento, las autoridades advirtieron sobre al menos diez bloqueos en corredores clave, especialmente en vías que conectaban con Bucaramanga, lo que generó un aislamiento parcial del área metropolitana y afectaciones directas al transporte aéreo y terrestre.

De acuerdo a los participantes de la manifestación, el motivo de su inconformismo tiene que ver con el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, donde se estableció una medida por única vez para reducir el rezago en los avalúos catastrales de los predios en Colombia.

Específicamente, como se explicó en el sitio web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, busca actualizar la información en zonas donde no ha sido renovada en más de 5, 10, 15 o más años. En medio del avance de los diálogos para llegar a acuerdos, dos días después, justo el 12 de abril, y tras varias jornadas de manifestaciones, se alcanzaron soluciones iniciales entre líderes de la protesta y la Gobernación, Como resultado, los bloqueos fueron levantados temporalmente y se restableció el tránsito en las principales vías.

Sin embargo, el paro se mantuvo activo, a la espera de decisiones del Gobierno Nacional frente a las demandas relacionadas con el impuesto predial y la actualización catastral. Pero pese a este avance, la situación volvió a deteriorarse rápidamente, pues para el día de hoy, los bloqueos persisten en varios puntos del departamento, especialmente en accesos estratégicos como Lebrija, lo que nuevamente impactaba la movilidad y el funcionamiento del aeropuerto.

Por esto, los acuerdos no lograron sostenerse debido a divisiones entre los voceros que participaron en los diálogos y las comunidades que mantenían las protestas.

El impacto económico también se hizo evidente. Sectores como el comercio, el transporte y la industria avícola comenzaron a reportar pérdidas significativas, con productos represados y dificultades para el abastecimiento, mientras se acumulaban cancelaciones de vuelos y afectaciones a miles de pasajeros.

En medio de este panorama, desde el Gobierno Nacional se insistió en que la situación no correspondía a un paro de alcance nacional, el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, señaló que: “No estamos hablando de unos bloqueos nacionales, ni de una vocería nacional, la respetamos, la validamos en el marco de la democracia, el Gobierno del Cambio es un gobierno demócrata que construye a partir de la diferencia, pero tampoco podemos permitir que otras vocerías de otras partes del país se sientan acalladas”.

El funcionario agregó que era necesario respetar los acuerdos alcanzados y la institucionalidad, al tiempo que expresó su respaldo a las autoridades regionales, “Cuando se hacen acuerdos hay que respetarlos, pensando también en las personas que no hacen parte de la movilización”, afirmó.

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