Álvaro Uribe anunció tutela del Centro Democrático contra la Emergencia Económica declarada por el Gobierno Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que el partido Centro Democrático presentará una acción de tutela en contra de la Emergencia Económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el pronunciamiento del exmandatario, la colectividad considera que este mecanismo es la vía jurídica inmediata para cuestionar la medida adoptada por el Ejecutivo.

Uribe afirmó que “El Centro Democrático, encabezado por la Candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gbno escurre a los colombianos con este nuevo abuso.”

El anuncio se produce luego de que el Gobierno nacional declarara el estado de emergencia económica y social mediante un decreto expedido en la noche del 22 de diciembre de 2025. Con esta decisión, el Ejecutivo quedó habilitado para adoptar medidas excepcionales durante un periodo de 30 días.

Según lo establecido en el decreto, la declaratoria faculta al Gobierno para expedir decretos con fuerza de ley con el propósito de atender lo que el documento define como una situación fiscal que compromete la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. El objetivo central señalado por el Ejecutivo es la obtención de recursos por 16,3 billones de pesos.

Durante la vigencia del estado de excepción, el presidente queda autorizado para implementar nuevos impuestos sin la necesidad de acudir al trámite legislativo ordinario. De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, las medidas que se adoptarán estarán dirigidas a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, incluyendo tributos de carácter ambiental y relacionados con salud pública, tanto en materia de impuestos directos como indirectos.

Todos los decretos que se expidan en desarrollo de la emergencia deberán ser remitidos a la Corte Constitucional para su revisión automática. El Gobierno argumentó que la Nación atraviesa una coyuntura fiscal excepcional derivada de hechos concurrentes que impactan de manera directa las finanzas públicas.

En el decreto también se señala que esta situación ha adquirido un carácter grave e inminente, al punto de afectar la capacidad material y jurídica del Estado para garantizar de manera continua y suficiente determinados derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.