Abogados de Marta Lucía Ramírez solicitaron declarar desacato contra el presidente Petro por presunto incumplimiento de tutela

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados anunció que acudió ante el despacho judicial para solicitar que se declare el incumplimiento del fallo de tutela que protege los derechos a la honra y al buen nombre de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, luego del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro del pasado 26 de febrero de 2026.

A través de un comunicado, la firma señaló que la reciente actuación del mandatario, frente a la orden emitida por el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo de Bogotá, no constituye un acatamiento efectivo de la decisión judicial. Según indicaron, dicho pronunciamiento “lejos de acatar genuinamente el fallo (…) constituye una burla a la justicia y una flagrante revictimización”.

En ese sentido, los abogados manifestaron que el presidente “enlistó una serie de aseveraciones descontextualizadas y no probadas”, las cuales fueron rechazadas en el documento.

Sobre el caso relacionado con el hermano de Ramírez, la firma afirmó que “es un asunto que fue abordado con total transparencia ante el país mediante un comunicado oficial emitido desde la Vicepresidencia de la República en el año 2020”. Añadieron que se trata de “un episodio familiar ocurrido hace más de 27 años”, cuyo tratamiento público, según sostienen, instrumentaliza un dolor personal con fines políticos.

Frente a los señalamientos vinculados con la Operación Orión, el comunicado indica que “no existe condena, fallo disciplinario ni acusación formal en su contra por estos hechos de 2002”. Asimismo, mencionaron que informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Comisión de la Verdad han contribuido al esclarecimiento de los hechos.

Respecto a las referencias a los Pandora Papers, la firma aseguró que “las menciones periodísticas no se tradujeron en investigaciones penales ni acusaciones formales”. Señalaron además que en octubre de 2021 Ramírez “superó un debate de control político, demostrando el registro legal de sus inversiones ante la DIAN y el Banco de la República”.

En relación con el presunto escándalo en Italia, los abogados afirmaron que “las autoridades desmintieron cualquier participación” de la exvicepresidenta. Indicaron que el exviceministro de Defensa italiano, Giorgio Mulé, la exculpó en junio de 2023 y que la Fiscalía de Nápoles certificó el 8 de agosto de ese mismo año que “no existe investigación en su contra”.

Ante este panorama, la firma informó que ya acudió ante la autoridad judicial “evidenciando este cumplimiento aparente y evasivo” y solicitó “declarar el incumplimiento material del fallo del 22 de octubre de 2025 y aplicar las sanciones propias del desacato”.

Finalmente, reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de su representada y señalaron que continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles para garantizar que las decisiones judiciales sean respetadas.