Por Jaime Restrepo Vásquez
Con el cuento de la «paz total», el gobierno Petro está cometiendo los abusos más grandes contra la ciudadanía, contra la Constitución y contra la democracia. La colección de injusticias que se vienen cometiendo demuestra que el camino emprendido es contrario a un precepto fundamental: sin justicia no hay paz.
La Biblia dice, en Isaías 32:17 que «el efecto de la justicia será paz», premisa que se ha constatado a lo largo de la historia de la humanidad. Por tal razón, la profundización de las injusticias en Colombia tendrá como efecto la violencia y la guerra. De esta manera, la presuntuosa «paz total» terminará condenando al país a un nuevo ciclo de violencia y terror.
El soborno, disfrazado de auxilio económico, para un ejército de cien mil jóvenes vulnerables, resulta siendo una afrenta para quienes trabajan y producen en procura de una mejor calidad de vida. Así, lo que está haciendo Petro es desincentivar el esfuerzo de miles de ciudadanos que buscan abrir su propio camino y generar su propia prosperidad.
De esta manera, Colombia tendrá en poco tiempo a una generación desmoralizada y resignada a recibir las migajas del asistencialismo estatal. Tal situación es, en realidad, la génesis de la paraplejia social que afecta irremediablemente el progreso de una nación.
Sin embargo, los disparates en procura de la «paz total» continúan con los terroristas procesados de la Primera Línea y de las hordas invasoras de tierras, a quienes los excarcelarán sin merecerlo, para que se conviertan en títeres útiles para el autócrata, pues serán esas turbas de delincuentes las que pagarán el «favor» de la impunidad con la sangre y el sufrimiento de los ciudadanos.
Estos terroristas actuarán en las diferentes comunidades como instrumentos de opresión, señalamiento y control social, algo muy apetecido por las dictaduras comunistas.
Así, esos «voceros» serán los informantes del Estado policial y, de paso, romperán con el tejido social a partir de la desconfianza, pues nadie hablará en contra de la dictadura al sospechar del interlocutor, quien puede ser un delator al servicio del tirano. En Cuba y Venezuela, por ejemplo, se sospecha del tío, del primo o del hermano, lo que termina por romper la confianza y la unidad familiar.
Además, los terroristas liberados serán una fuerza de choque contra la oposición, ya que las Fuerzas Armadas, desmoralizadas y humilladas, no tendrán interés en defender a un gobierno espurio como el de Gustavo Petro. Por tal razón, serán los liberados de manera dictatorial, quienes se encarguen de intimidar, amenazar o ejecutar a quienes contradigan al «gran líder».
Adicionalmente, los «pontífices de la moral», los terroristas pensionados de las FARC seguirán exhibiendo el cinismo que los ha caracterizado durante décadas, dando cátedra sobre honradez, decencia y legalidad, cuando lo único que merecen es la cárcel o el cementerio.
Para completar, a Petro se le ocurrió aplicar una legalización furtiva de los narcocultivos al continuar con la prohibición de la aspersión aérea, sumada a la suspensión de la erradicación manual y a su discurso sobre una especie de moratoria para que los narcocultivadores sigan produciendo coca mientras consiguen un cultivo tan rentable como los ilegales. ¡Habrase visto tamaña estupidez!
Mientras tanto, los agricultores legales y los ganaderos seguirán siendo despojados de sus tierras a la fuerza, porque lo que importa, en esa maraña de incoherencias, es la posesión de la tierra, así no sea financieramente apetecible el dedicarse a las labores del campo. La anterior afirmación se constata con la ampliación de los cultivos ilegales, lo que demuestra que la crisis económica del agro es real y estructural y que el asunto no tiene nada que ver con la posibilidad de producir y progresar, sino con la posesión de una propiedad.
Hay que reconocerlo: cada acción de Petro está encaminada a generar una guerra total y una situación de violencia que le permita atornillarse en el poder, recurriendo a mecanismos como una constituyente, estados de excepción o cualquier ocurrencia leguleya que le permita «tratar de controlar» la matanza nacional.
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