Las fuertes lluvias registradas en el municipio de Puerto Escondido, ubicado en el departamento de Córdoba, provocaron una emergencia que dejó a decenas de familias damnificadas, con pérdidas materiales, daños en viviendas, e infraestructura.
Las crecientes afectaron también varios sectores del municipio, donde los habitantes aseguraron haberlo perdido todo y reclamaron una solución definitiva ante una situación que se repetía año tras año.
En uno de los pronunciamientos realizados por la Alcaldía municipal, Ivia Marzola, la mandataria expresó que: “Hoy Puerto Escondido enfrenta una de las situaciones más difíciles que hemos tenido en los últimos años, este rudo invierno nos esta afectando demasiado”, expresó Marzola desde uno de los corregimientos del municipio que a causa de las lluvias estaba en ese momento incomunicado.
“Elevamos una petición al Gobierno Nacional al departamental para que nos ayude, porque esta emergencia sobrepasa toda capacidad de respuesta, de parte del municipio”, expuso Marzola a pesar de haber dicho que desde su administración estaban ayudando a las personas para guardar la vida de los ciudadanos.
Los afectados habían manifestado que, aunque recibieron ayudas iniciales por parte de la Alcaldía, empresas privadas y algunos finqueros de la región, estas resultaron insuficientes frente a la magnitud del impacto.
Por esto, la principal petición de la comunidad había sido una reubicación general hacia zonas seguras, argumentando que los barrios afectados se encontraban en áreas propensas a inundaciones recurrentes.
Desde el territorio, voceros comunitarios habían hecho un llamado directo al Gobierno Nacional para que interviniera de manera urgente. Indicaron que entre los damnificados había niños, adultos mayores y familias completas que quedaron en condición de alta vulnerabilidad tras la emergencia. Según relataron, el agua arrasó con enseres, animales y cultivos, dejando a algunos hogares con hasta ocho personas compartiendo espacios inhabitables.
Las autoridades municipales también alertaron sobre la gravedad de la situación, la mandataria había advertido que el municipio contaba con recursos limitados para atender la emergencia y que el respaldo institucional resultaba clave para proteger la vida y el bienestar de los habitantes. En ese contexto, insistió en la necesidad de una intervención oportuna que permitiera evitar consecuencias mayores y atender de forma integral a las comunidades damnificadas.
Aunque no se reportaron víctimas fatales, los habitantes señalaron que varios episodios estuvieron cerca de convertirse en tragedia. La comunidad reiteró que la crisis no correspondía a un hecho aislado, sino a un problema estructural que requería soluciones de fondo y no solo medidas temporales.
