(OPINIÓN) Frente a lo ocurrido en EAFIT. Mi universidad. Por: Camilo Guzmán

Existe una confusión peligrosa en el debate público: creer que todo encuentro, evento o conversación es, por definición, un ejercicio democrático. No lo es. La democracia no se define únicamente por el procedimiento, sino por la sustancia moral que protege.

La señora Sandra Ramírez ha sido señalada de cometer crímenes atroces; crímenes que no solo violan el código penal, sino que representan la negación máxima del individuo: la disposición del cuerpo ajeno como herramienta de guerra. Como bien ha denunciado la Corporación Rosa Blanca, no ha existido aquí ni verdad, ni justicia, ni una reparación. Por el contrario, su conducta ha sido la de la revictimización sistemática, utilizando el lenguaje para oscurecer la realidad de sus actos.

Ella, por tanto, no es un actor político con ideas distintas; es un agente que ha operado históricamente fuera del marco de civilidad que permite la existencia misma de la universidad.

Karl Popper diría que, si extendemos una tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante contra el atropello de los intolerantes, entonces los tolerantes serán destruidos, y la tolerancia con ellos.

Es imperativo defender la Universidad como el epicentro del orden espontáneo de las ideas. El debate no debe ser un evento solo de los ciclos electorales, sino un ejercicio intelectual permanente. Sin embargo, para que el debate sea fértil, requiere un marco de pre-condiciones.

El debate democrático es un lenguaje que solo pueden hablar quienes reconocen la la libertad. La democracia no es un cheque en blanco para legitimar cualquier proyecto de ingeniería social o autoritarismo; su función es, precisamente, limitar el poder y blindar aquellos derechos que son anteriores y superiores a cualquier mayoría circunstancial: la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de Derecho.

Cuando un actor político no solo ha vulnerado estos pilares mediante la violencia física, sino que en su discurso actual cuestiona la validez de estos principios, estamos ante una negación ontológica del marco que hace posible la convivencia.

No puede haber negociación entre la libertad y el colectivismo autoritario, ni entre el derecho a la vida y el uso de la fuerza como herramienta política.
Aceptar lo contrario es caer en la ‘trampa de la falsa equivalencia: tratar como una idea legítima aquello que es, en esencia, una agresión contra la estructura misma de la sociedad civilizada.

Si EAFIT pretende seguir siendo el faro de la libertad en Antioquia, debe recordar que la libertad no es un proceso de negociación donde la voz del victimario vale lo mismo que el dolor de la víctima. La verdad no se negocia, y la dignidad humana no se somete a plebiscito. No hay término medio en la defensa de la libertad.