Bloqueos en El Dorado se levataron tras salida del gerente y concesiones de Taxi Imperial al gremio

Tras una negociación directa con la empresa Taxi Imperial y en medio de un escenario marcado por tensiones internas, se llegó a acuerdos sobre los cuestionamientos a los cambios en la operación del servicio.

Las manifestaciones, que afectaron la movilidad en uno de los principales puntos de conexión aérea del país, tuvieron como origen una serie de inconformidades acumuladas por parte de los conductores ante decisiones adoptadas por la administración de la empresa.

Entre los reclamos centrales se encontraba el incremento de vehículos de servicio especial tipo camioneta dentro de la operación, situación que, según los conductores, alteró la distribución de usuarios y generó cambios en las condiciones del servicio tradicional de taxi.

Durante la jornada más crítica, el entonces gerente operativo de la compañía, Julio Jiménez, acudió a la terminal aérea con el objetivo de intervenir en la situación, pero su presencia fue rechazada por los manifestantes, quienes le atribuyeron responsabilidad en las decisiones que motivaron la protesta. Minutos después de su llegada, se retiró del lugar en medio de reclamos.

Posteriormente, el directivo formalizó su renuncia, un hecho que se convirtió en uno de los puntos determinantes dentro del proceso de negociación. En declaraciones públicas, Jiménez señaló que una de las exigencias del gremio era su salida y que, ante ese escenario, decidió apartarse del cargo.

Tras la instalación de una mesa de concertación, los representantes de los conductores y la empresa alcanzaron varios compromisos que permitieron levantar el paro. Entre las decisiones adoptadas se incluyó el nombramiento de Valentina Hernández como gerente encargada, quien ya había ocupado previamente esa posición, junto con la designación de Jhon Jairo Caro en funciones operativas.

Dentro de los acuerdos también se establecieron cambios en la operación del servicio. La empresa informó que no se implementará el modelo de recaudo prepago que había generado rechazo entre los conductores, y se comprometió a limitar la participación de vehículos de servicio especial a un porcentaje definido frente a la flota de taxis tradicionales.

Adicionalmente, se acordó retirar personal que promovía servicios dentro de la terminal y fortalecer los canales de comunicación entre la administración y los conductores. Otro de los puntos abordados fue la revisión de medidas tecnológicas como la instalación de cámaras y micrófonos en los vehículos, que había generado cuestionamientos por parte del gremio.

Las autoridades y la empresa también plantearon la necesidad de reforzar controles frente a la informalidad en el transporte dentro del aeropuerto, uno de los aspectos señalados durante las protestas.

Con la firma de los acuerdos, los conductores despejaron los accesos a la terminal y se restableció de manera progresiva la movilidad en la zona. La operación de transporte terrestre comenzó a normalizarse mientras se anuncian nuevas mesas de trabajo para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.

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