(OPINIÓN) ¿Hasta cuándo? Por: Bernardo Henao Jaramillo

El gobierno que preside Gustavo Petro, insiste en vestir de “gestores de paz” a peligrosos delincuentes. No hablamos de líderes sociales, académicos o expertos en mediación de conflictos; hablamos de individuos con prontuario, con un pasado marcado por el crimen, sin la más mínima formación para orientar procesos de reconciliación.
El gobierno, mediante la Resolución 327 de 2025, designó a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz. Fueron nombrados: Salvatore Mancuso Gómez, Rodrigo Tovar Pupo, Hernán Giraldo Serna, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Freddy Rendón Herrera, Ramiro Vanoy Murillo, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Rodrigo Pérez Alzate, Édward Cobos Téllez, Héctor José Buitrago Rodríguez, Héctor Germán Buitrago Parada, Arnubio Triana Mahecha, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno y Diego Fernando Murillo Bejarano.

La figura de gestores de paz tiene antecedentes en el Decreto 614 de 2009 y el Decreto 1175 de 2016. Aunque estas normas no definen qué es un gestor de paz (o promotor de paz), tal figura se otorga en el marco de un acuerdo humanitario a favor de miembros o exmiembros de grupos armados al margen de la ley, que seguirán sujetos a disposición de las autoridades penales y deberán aportar en la estructuración de procesos de paz. En todo caso la figura es absolutamente inaplicable a exagentes de las AUC, figura desmovilizada y judicializada en Justicia y Paz
No obstante, su extensión a reconocidos jefes paramilitares carece de sustento jurídico.

El artículo 250 de la Constitución Política establece que los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos no son amnistiables ni indultables. De igual manera, la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) fijó condiciones estrictas para la desmovilización de paramilitares, entre ellas: verdad plena, reparación a las víctimas y penas alternativas privativas de la libertad. Convertirlos hoy en gestores de paz sin cumplir con esas condiciones equivale a desconocer la voluntad expresa del legislador.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-370 de 2006, precisó que las medidas de justicia transicional deben garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nombrar como gestores de paz a individuos condenados por homicidio, secuestro y narcotráfico contradice este estándar, pues otorga beneficios estatales sin exigir contrapartidas reales a favor de las víctimas.

Asimismo, la Sentencia T-249 de 2021 reiteró que los derechos de las víctimas son de aplicación inmediata y que el Estado no puede privilegiar negociaciones políticas por encima de las garantías mínimas de reparación.

La designación de gestores de paz con prontuario criminal genera lo que la doctrina penal denomina un incentivo perverso: delinquir primero para luego recibir beneficios políticos y jurídicos. Es evidente que todos estos individuos con esos antecedentes carecen de formación o experiencia en resolución de conflictos. Las consecuencias por supuesto son la deslegitimación institucional, al perder el Estado toda autoridad moral al elevar a delincuentes al rango de “gestores”. En fin, ya se desconoce la cuenta de cuantos gestores han sido nombrados, creando la sensación que hay “más bandidos que cupos” para programas de paz.

Esto afecta el principio de igualdad ante la ley (art. 13 C.P.), mina la confianza ciudadana en las instituciones y proyecta la idea de que la justicia es negociable.

Además, se vulnera el principio de moralidad administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución. Elevar a criminales a la categoría de gestores estatales desconoce el deber de la función pública de orientarse al interés general y no a intereses particulares o clientelistas.

Por último, esta resolución se fundamenta en la necesidad de “dar un cierre definitivo” al proceso iniciado con los ex miembros de las AUC. Lo anterior representa un intento cobarde del Gobierno actual de desconocer los grandes avances logrados en los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, en los cuales se logró la desmovilización de dicho grupo paramilitar, en el que tuvieron condenas efectivas de ocho años, y se consiguió la implementación del programa de Justicia y Paz, así como la judicialización y extradición de sus cabecillas.

¿Hasta cuándo se va a seguir premiando al delincuente mientras se ignora a las víctimas? ¿Hasta cuándo se va a justificar la impunidad con el disfraz de la “paz total”? La figura del gestor de paz, que pudo ser una oportunidad real de participación comunitaria, terminó convertida en un salvoconducto para bandidos que jamás deberían tener representación política ni privilegios estatales y es un medio para evitar su entrega a países que los requieren en extradición.

El gobierno obra irresponsablemente, por más que trate de justificar la medida el ministro Benedetti. Ya el número de gestores de paz in crescendo se ha extendido a individuos con serios antecedentes delictivos —en algunos casos homicidio, secuestro, narcotráfico— bajo el argumento sofista o equivocado de que contribuirán a la “paz total”. Bien dicen nuestros antepasados que “El que es no deja de ser y guarda para la vejez” o aquel otro refrán “árbol que nace torcido jamás su tronco endereza”.

La ciudadanía no es ingenua: sabe que detrás de estos nombramientos hay cálculo político, favores con organizaciones criminales y una peligrosa normalización de la ilegalidad. En lugar de fortalecer la justicia, se debilita; en lugar de generar confianza, se alimenta el escepticismo. Estos rumores perversos se alimentan de hechos que levantan suspicacias sobre el alto gobierno, como la visita extraoficial de Gustavo Petro a Manta o las reuniones de Verónica Alcocer e Isabel Zuleta con distintos criminales en las cárceles del país.
El país ya no necesita más delincuentes con curules, contratos ni títulos de gestores. Necesita instituciones serias, justicia que se cumpla y víctimas que sean escuchadas. De lo contrario, la “paz” se convertirá en un mercado de favores con cupo ilimitado para el crimen.