El atentado del pasado sábado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, figura crítica del gobierno actual, ha despertado serias preocupaciones en distintos sectores sobre el estado de la democracia y las garantías de seguridad para quienes participan activamente en la contienda política.
Además del impacto político, el Ministerio de Defensa publicó en X que «El atentado contra Miguel Uribe es un ataque directo a la democracia». Asimismo, el hecho también visibiliza la vulnerabilidad que enfrentan figuras públicas. Daniel Briceño estableció mediante X que, «20 veces le pidió Miguel Uribe a la Unidad Nacional de Protección que reforzaran su seguridad. 20 veces en las que la UNP se negó a hacerlo. El señor Carlos Augusto Rodríguez no puede seguir pasando de agache. La UNP debe responder y el director debe RENUNCIAR».
En respuesta a esta situación, este lunes se anunció que el ministro del Interior Armando Benedetti participará en una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, cuyo objetivo es trabajar de manera articulada con instituciones del Estado para salvaguardar la seguridad de los aspirantes a cargos de elección popular y garantizar el desarrollo normal de las campañas en todo el territorio nacional.
Mediante su cuenta en X, Benedetti informó “Para mañana desde las 2:00 p.m. en la Casa de Nariño, el presidente petrogustavo liderará junto a miembros del Gobierno nacional, entes de control, fuerzas militares y de policía, autoridades electorales y partidos políticos la Comisión de Seguimiento Electoral para brindar garantías a candidatas y candidatos en todo el país. Pedimos que se acaben las insinuaciones de la responsabilidad sobre el crimen. La única forma de salir de esto es unidos.”
La Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales fue creada mediante el Decreto 2821 de 2013, expedido por el Ministerio del Interior. Según este marco normativo, la comisión tiene como misión asegurar el desarrollo normal de los procesos electorales, garantizar el cumplimiento de las garantías y salvaguardar los derechos de los partidos y movimientos políticos.
El artículo primero del decreto establece que, “Créase la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, la cual tendrá como objeto realizar las actividades necesarias para asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos”.
Esta comisión está integrada por una amplia representación institucional, incluyendo los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda y TIC; la Secretaría de Transparencia de Presidencia; las Fuerzas Militares y de Policía; la Unidad Nacional de Protección; la Unidad de Información y Análisis Financiero; la DIAN; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría; la Contraloría; el Consejo Nacional Electoral; la Registraduría Nacional; la Defensoría del Pueblo y otras entidades.
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