Los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actualmente designados como Gestores de Paz por el Gobierno nacional, anunciaron este miércoles su decisión de suspender el encargo conferido mediante la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024, así como toda relación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP).
En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, los firmantes expresan su inconformidad con la “reiterada falta de cumplimiento” por parte de la OCCP y señalan que la designación de Gestores de Paz se convirtió en un acto “meramente simbólico”.
“El incumplimiento de los compromisos, las dilaciones sistemáticas, la falta de transparencia y la abierta insubordinación frente a sus orientaciones presidenciales han minado la confianza, haciendo imposible continuar ejerciendo nuestras gestorías de forma eficiente y digna”, afirman.
Según los firmantes, la Oficina del Comisionado incumplió los compromisos pactados en varias reuniones. En especial, señalan que el 4 de mayo de 2024 se acordó instalar la mesa para el cierre del proceso de Ralito, con plazo máximo el 20 de mayo. No obstante, la OCCP no solo incumplió el compromiso, sino que “de manera unilateral y sin explicación, decidió cambiar el enfoque de la gestoría y negar rotundamente la posibilidad de instalar la mesa”, lo cual contradice lo que había sido anunciado públicamente por el mismo presidente Petro.
Los exjefes desmovilizados aseguran que, pese a haber cumplido durante ocho meses con todas las instrucciones de la OCCP, no se convocaron mesas técnicas ni se asignaron presupuestos. “Solo un mes antes de que expirara nuestra gestoría su equipo apareció a pedir ‘planes de trabajo’ incompatibles con los tiempos”, señalan.
Uno de los puntos más críticos señalados es la cancelación, por orden directa del comisionado Otty Patiño y su equipo, de una reunión plenaria con todos los Gestores de Paz ex-AUC, cuyo objetivo era abordar el cierre de Ralito y su inclusión en el acuerdo nacional. La cita había sido programada, autorizada por el INPEC y contaba con logística definida, pero fue suspendida a última hora y sin justificación.
Para los firmantes, esta postura refleja una intención de “reescribir la historia” y deslegitimar el proceso de paz de Ralito. “Nos hicieron saber que para ellos ‘la negociación de Ralito nunca existió’, lo cual contradice la abundante evidencia histórica y judicial”, señalan, advirtiendo que esto “sabotea su política de Paz Total y erosiona la confianza en el Estado”.
Pese a su ruptura con la OCCP, los excomandantes reiteran su respaldo a la agenda de paz del Gobierno: “Nos apartamos del ruido estéril, pero jamás desistimos de continuar trabajando por la paz de nuestro país”. Además, solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro “en la fecha, hora y lugar que considere conveniente”, con el fin de mantener su voluntad de contribuir al acuerdo nacional y a la reconciliación.
Finalmente, recordaron su compromiso con la verdad, la reparación a las víctimas, la búsqueda de desaparecidos y la no repetición. “Este compromiso jamás ha dependido de la investidura que hoy le ponemos a su disposición, sino de la decisión que tomamos hace más de 20 años cuando optamos por la vía de la negociación política”.
