Por: Alberto Escobar Pérez
En el historial de negociados del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aparece muy cercano el nombre del abogado Luis Alfonso Bravo Restrepo, quien actualmente funge como contratista de la Gobernación de Antioquia y de Indeportes por un valor total de 268 millones de pesos.
Además, es el abogado titular de Gaviria Correa en el proceso que hoy lo tiene al borde de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por las irregularidades en la contratación de la conocida Troncal de la Paz y el famoso puente del municipio El Bagre.
En el caso de Indeportes su contrato es por valor de 115 millones 758 mil pesos y su objeto es la prestación de servicios profesionales por el acompañamiento jurídico y representación judicial y extrajudicial de Indeportes Antioquia y su plazo de ejecución es por 11 meses y medio.
Con la Secretaría General de la Gobernación de Antioquia a cargo de Juan Guillermo Usme Fernández tiene suscrito un contrato cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para la asesoría jurídica integral a la administración departamental de Antioquia en toda la normatividad legal y constitucional que le resulte aplicable. Su valor 152 millones 320 mil pesos con un plazo de ejecución de 8 meses.
En concepto de algunos juristas consultados sobre dichos contratos coinciden en afirmar que de acuerdo con las funciones a desarrollar, los servicios profesionales pueden ser ejecutados por personal vinculado a ambas instituciones por no tratarse de servicios super especializados.
Quienes han realizado un seguimiento a las asesorías de Luis Alfonso Bravo para Aníbal Gaviria, cuestionan por ejemplo, como en su primera gobernación permitió las equivocaciones cometidas en la contratación de la Troncal de la Paz y, posteriormente en la alcaldía de Medellín en el período 2012- 2015 el contrato suscrito con CASS relacionado con la renovación urbana de Naranjal, hecho que también es objeto de investigación actualmente por la Fiscalía General de la Nación y, que complica la situación jurídica del hoy suspendido gobernador.
El interrogante sobre la función de asesoría brindada por Luis Alfonso Bravo también se traslada al proceso que culminó con la venta irregular del lote 24 propiedad del municipio de Medellín en la Central Mayorista, en donde finalmente resultó sancionada Vera Cristina Ramírez López, mano derecha y persona de alta confianza de Gaviria Correa. Lo propio ocurre con los negocios que llevaron a Luis Esteban Calle a incurrir en “errores” en la compra de Aguas de Antofagasta en Chile y la ejecución de obras de BONYIC en Panamá.
En la página web del cuestionado asesor jurídico se lee: “El acompañamiento legal que realiza BRAVO RESTREPO ABOGADOS a través de sus servicios de asesoría y consultoría proporciona a sus clientes un análisis jurídico riguroso para cada caso planteado, asistiéndoles con las recomendaciones legales más adecuadas y prácticas de acuerdo con sus necesidades”.
Según la Fiscalía “Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000, indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007,incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.
Continúa el ente de control “El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.
Los hechos hablan por sí solos y queda muy en cuestión aquello del “análisis jurídico riguroso para cada caso planteado” y nos abre el espacio para formular el interrogante si lo actuado en materia jurídica por Luis Alfonso Bravo en su cercanía con Gaviria Correa lo ubican como ¿asesor jurídico o cómplice?, máxime cuando se lee en su web “asistiéndoles con las recomendaciones legales más adecuadas y prácticas de acuerdo con sus necesidades”.
