(OPINIÓN) Reactivar el minero-energético no es un capricho: es sentido común. Por: Andrés Gaviria

El 7 de agosto de 2026 tenemos una oportunidad de país: pasar del discurso a las decisiones que reencaucen el sector minero-energético y de hidrocarburos. Colombia es, gracias a Dios, una nación bendecida con petróleo, gas y minerales. Pocas naciones poseen esta ventaja. Y, sin embargo, hemos aceptado la idea —promovida por corrientes que se dicen “sociales” pero que viven del eslogan— de quedarnos sentados sobre la riqueza mientras crecen las necesidades. No. La política pública seria concilia desarrollo y protección: licencia bien hecha, trazabilidad, consulta previa robusta, cumplimiento ambiental y seguridad en el territorio. No hay un dilema entre producir y cuidar; hay un deber de hacer ambas.

Los datos son tozudos. A junio de 2025, los combustibles y productos minero-energéticos representaron el 39% del valor FOB de las exportaciones; solo ese mes, Colombia embarcó 13,5 millones de barriles de crudo. Es ingreso externo, empleo, inversión y divisas que sostienen el tipo de cambio y la estabilidad fiscal. 

Además, las regalías son columna vertebral del desarrollo regional. Para el bienio 2023-2024, el presupuesto del Sistema General de Regalías fue de $31,3 billones (2,1% del PIB), plata que pavimenta vías, lleva acueductos y financia colegios y hospitales. Frenar la producción es desfinanciar a municipios. 

Pero hemos transitado años de ambigüedad. En 2022 oímos a la entonces ministra Irene Vélez hablar de “decrecer”. Más allá del debate académico, en la práctica Colombia necesita crecer con empleo e inversión, no espantarla. Persisten proyectos de ley para prohibir el fracking, cuando el mundo —con reglas estrictas— lo ha usado para garantizar seguridad energética.  

El panorama técnico exige pragmatismo. Las reservas probadas de petróleo subieron a 2.035 millones de barriles (7,2 años) al cierre de 2024 por recobro mejorado; en gas natural, las reservas cayeron a 2.064 Gpc (5,9 años). La producción promedio de crudo en 2024 fue 772.621 barriles/día. Son cifras que piden acelerar la exploración, descubrimientos y contratos. 

Más aún, el déficit de gas ya asoma: diversos análisis estiman alrededor de seis años de autosuficiencia si seguimos a este ritmo. Cuando no hay molécula local, la cuenta de energía sube, la industria pierde competitividad y terminamos importando GNL más caro. Eso no es “transición justa”; es encarecerle la vida a los hogares.  

Y el sector sí es empleo. La minería formal reporta 209.000 empleos directos y cerca de 750.000 indirectos, con fuerte contratación local y mejores salarios relativos. Lo responsable es crecer la formalidad con exigencias ambientales y sociales claras, no achicarla para que la reemplace la ilegalidad. 

Miremos afuera para aprender. Noruega convirtió su renta petrolera en un fondo soberano de 19,7 billones de coronas y en 2024 obtuvo US$222.000 millones de ganancia, al tiempo que mantiene estándares ambientales de talla mundial. No renunció al recurso; lo administró con excelencia y planeación intergeneracional.  

Canadá empezó en 2025 a exportar GNL desde la costa del Pacífico (LNG Canada, Kitimat), atrayendo compradores globales. Lo hizo con licenciamiento estricto, consulta indígena, y estándares de metano y agua más exigentes, pero entendiendo que el gas también es parte de la transición.  

Estados Unidos usó el desarrollo no convencional para alcanzar máximos históricos de producción; ese petróleo y gas estabilizan mercados, bajan la factura energética y financian innovación. Tecnología, reglas y fiscalización —no prohibiciones— fueron la receta. 

¿Qué considero debe suceder a partir del 7 de agosto de 2026?
1. Estabilidad jurídica y física: ley marco que blinde contratos, permisos y consultas de vaivenes políticos, y un plan de seguridad sectorial para zonas productivas (carreteras, estaciones, vías férreas, oleoductos y gasoductos).
2. Fast-track responsable: ventanilla única y plazos perentorios para licencias ambientales, consultas y servidumbres, con estándares verificables y participación temprana; negar o aprobar, pero a tiempo.
3. Reactivación exploratoria: subastas semestrales de áreas de petróleo, gas y minerales; metas de sísmica y pozos exploratorios; incentivos a recobro mejorado y a gas costa afuera.
4. Gas primero: priorizar contratos y conexiones que aseguren oferta; acelerar infraestructura de transporte y almacenamiento; mantener capacidad de importación de GNL como respaldo, pero apostarle a la molécula local.
5. Fracking con ciencia y reglas: pilotos y comercial con límites de agua, químicos divulgados, monitoreo sísmico en tiempo real, trazabilidad y participación comunitaria. Prohibir a ciegas es renunciar a conocimiento y a potencial gasífero. 
6. Licencia social robusta: fondos de beneficio local administrados con transparencia, empleo y compras locales, y acuerdos de largo plazo con comunidades. Si el proyecto no mejora la vida alrededor, no sirve.
7. Cadena de valor y transición real: refinerías eficientes, petroquímica, metalmecánica y servicios de alto valor; y, con los flujos del sector, financiar energías renovables, redes, almacenamiento y eficiencia. La transición se paga con crecimiento, no con pobreza.

No confundamos transición con paralización. Colombia necesita gas confiable para industria y hogares, petróleo para exportar y financiar el Estado, y minerales para la nueva economía. Reactivar con reglas claras no es volver al pasado; es honrar nuestra tradición productiva y proyectarla con más tecnología, más rigor y más respeto por el ambiente y las comunidades. Eso —y no el “decrecer”— es lo que construye futuro. 

Si nos tomamos en serio estas decisiones desde el primer día, 2026 puede marcar el comienzo de una década de inversión, empleo bien pago y orgullo por hacer las cosas correctamente. Esa es la Colombia que vale la pena.