(OPINIÓN) La deuda pública: celebran el alivio temporal, pero hipotecan el futuro de Colombia. Por: Andrés Gaviria

Mientras gran parte del país se distrae con debates superficiales y discusiones estériles, se están tomando decisiones fiscales de enorme trascendencia que afectan el bolsillo de cada colombiano desde Chocó hasta La Guajira. El Gobierno acaba de colocar casi 5 mil millones de dólares en nueva deuda externa, distribuida en distintos plazos y tasas, para financiar un presupuesto que nació con déficit estructural y fue aprobado por el Congreso sin los ajustes necesarios al gasto público.

El problema no es solo el monto; es la falta de seriedad estructural.

Este problema trasciende la cifra en sí; va al corazón de un principio básico de responsabilidad fiscal. Una familia que no alcanza sus ingresos toma decisiones difíciles: reduce gastos superfluos, prioriza lo esencial y busca ingresos adicionales. Una empresa bien dirigida optimiza procesos, elimina ineficiencias y se enfoca en su núcleo productivo. El Estado colombiano, sin embargo, ha optado sistemáticamente por una tercera vía: endeudarse masivamente y trasladar sistemáticamente la carga al contribuyente de a pie.

Parte del reciente optimismo por un dólar más bajo que todos celebramos en nuestras billeteras se explica precisamente por estas operaciones de mercado. Pero este alivio es estrictamente temporal. Cuando los medios titulan «éxito en colocación de deuda», rara vez profundizan en las consecuencias de mediano plazo: intereses acumulados, mayor presión tributaria y un espacio fiscal cada vez más reducido para atender prioridades reales como salud, educación, seguridad y subsidios esenciales en todo el territorio nacional.

Un gobierno que aprueba presupuestos desfinanciados no merece confianza. Aquí radica la gravedad fundamental: un gobierno y un Congreso que aprueba presupuestos desfinanciados año tras año, sin control riguroso ni ajuste estructural del gasto, sencillamente no merece la confianza de los ciudadanos. No se trata de un error técnico ocasional, sino de una decisión política deliberada que prioriza el consumo inmediato sobre la sostenibilidad futura.

La deuda no desaparece mágicamente. Se paga con intereses elevados —hace apenas un mes se colocaron TES en pesos a tasas cercanas al 13%, niveles propios de economías con alto riesgo financiero— mayores impuestos regresivos y un margen fiscal cada vez más estrecho. Para colmo de males, los próximos gobiernos heredan este desbalance completo: presupuestos más ajustados que obligan a recortes dolorosos o a endeudarse nuevamente, perpetuando así un ciclo vicioso que parece no tener fin.

​Consecuencias reales para todos los colombianos: Este no es un debate teórico de economistas encerrados en torres de marfil. El efecto es concreto y medible en todo el país: el Estado absorbe la mayor parte del crédito disponible en el mercado, lo que los técnicos llaman «efecto crowding out» dejando recursos escasos para empresas, pymes y emprendedores, que son los verdaderos motores del empleo formal desde el Caribe hasta el Pacífico.

El Congreso: cómplice por omisión o por acción. El Congreso tiene una responsabilidad ineludible e irrenunciable en esta crisis autoinfligida. Aprobar presupuestos desfinanciados sin escrutinio riguroso, sin exigir auditorías independientes previas ni vincular techos de gasto reales, no es un descuido técnico. Es una decisión política consciente que afecta directamente al ciudadano común: menos recursos para clínicas públicas en zonas rurales, menos inversión en acueductos para municipios olvidados, menos apoyo a la formalización laboral de vendedores ambulantes y pequeños comerciantes.

La falta de disciplina fiscal no es un tema menor ni aislado; es el indicador definitivo de seriedad gubernamental. Un gobierno que no puede equilibrar sus cuentas, que vive de tarjeta de crédito permanente y que carga a las generaciones futuras con deudas crecientes, pierde toda legitimidad para exigir sacrificios ciudadanos o prometer grandes transformaciones. Es como un padre de familia que gasta la plata de los estudios de sus hijos en lujos inmediatos: irresponsable por definición.

La salida existe, pero exige carácter político. La solución es clara, aunque políticamente incómoda: congresistas con carácter que impulsen y defiendan techos de gasto vinculantes y realistas, auditorías independientes antes de cada aprobación presupuestal, una defensa férrea de la regla fiscal consagrada en la Constitución, incentivos claros y efectivos a la inversión productiva privada en todo el territorio, y un combate frontal contra la evasión fiscal que se lleva discretamente billones de pesos cada año.

Los colombianos merecemos líderes que prioricen la sostenibilidad fiscal sobre el aplauso fácil de las masas. Líderes que entiendan que la verdadera valentía política consiste en tomar las decisiones difíciles hoy, no en patear la lata para el próximo gobierno.

De lo contrario, llegará la cuenta completa: intereses capitalizados, recortes inevitables en salud y educación, impuestos generalizados que golpean a la clase media, y no habrá caja chica que alcance para pagarla.