(OPINIÓN) Defender a quienes nos defienden. Por: Andrés Gaviria

En Colombia, la seguridad y la paz no pueden ser simples eslóganes de campaña ni meras fórmulas de comunicación en redes sociales. Hoy asistimos a una preocupante realidad: el secuestro sistemático de policías y soldados por parte de grupos terroristas que, disfrazados de civiles, pretenden doblegar la institucionalidad. Y lo más alarmante no es solo la frecuencia creciente de estos hechos, sino la respuesta insuficiente del Gobierno, limitado a amenazas en X o a comunicados sin consecuencias, mientras se renuevan contratos de negociadores de paz que no han producido un solo resultado tangible.

Max Weber, en su obra clásica La política como vocación (1919), definió al Estado como aquella institución que detenta el monopolio legítimo de la violencia. En otras palabras, su primera función es proteger a los ciudadanos mediante el ejercicio legítimo de la fuerza. Si el Estado renuncia a respaldar a quienes encarnan ese monopolio —las Fuerzas Militares y de Policía—, pierde su razón de ser y entrega su autoridad a estructuras ilegales que no buscan la paz, sino el poder territorial y económico.

La tibieza oficial no solo es ineficaz, sino peligrosa. Un Estado que reacciona con comunicados frente al secuestro de sus hombres en uniforme manda un mensaje doblemente devastador: a los criminales, que pueden seguir actuando sin consecuencias; y a la ciudadanía, que percibe que ni siquiera los llamados a protegernos están protegidos.

La insistencia en renovar contratos a negociadores de paz, a pesar de la falta de resultados, solo profundiza la desconfianza. No se trata de rechazar la paz —aspiración legítima y necesaria, sino de exigir que los procesos tengan resultados verificables y no se conviertan en excusas para financiar burocracias inútiles.

Las Fuerzas Armadas constitucionales no son perfectas; como toda institución humana, cometen errores y deben estar sujetas a controles democráticos. Pero son, en esencia, el escudo de la Nación. Rechazar el secuestro de nuestros uniformados no es un gesto de apoyo ciego, sino un deber moral con la democracia.

Es hora de que la sociedad civil recupere la voz que alguna vez tuvo frente al secuestro. Que las universidades, los medios de comunicación, las iglesias, los empresarios y la ciudadanía en general vuelvan a exigir con firmeza, que no se puede negociar con quienes secuestran, que no se puede premiar a los violentos mientras se abandona a quienes juraron defender la Constitución.

Del Gobierno se espera más que comunicados. Se espera acción, estrategia, respaldo decidido a la Fuerza Pública, y una política de seguridad clara que restablezca la confianza. Como lo señaló el constitucionalista Fernando Hinestrosa, “sin seguridad, no hay libertad, y sin libertad no hay democracia”.