(ANÁLISIS) Las alertas de fin de gobierno. Tensiones políticas y riesgos institucionales en Colombia

Un cierre de gobierno lejos de la normalidad

En sistemas democráticos, el último tramo de un gobierno suele caracterizarse por una transición gradual hacia el relevo del poder. Sin embargo, el escenario político colombiano actual muestra una dinámica distinta, marcada por decisiones que han incrementado el nivel de controversia pública.

En lugar de un periodo de cierre administrativo, el país atraviesa una fase de alta actividad política e institucional. Reformas, decretos y decisiones estratégicas han mantenido al Ejecutivo en el centro del debate, lo que ha generado interrogantes sobre el alcance de estas medidas en el contexto de un gobierno que se acerca a su final. Todo parece indicar que lejos de darse un cierre, el gobierno se prepara para la continuidad, atornillar el poder en su ideología y dejar el terreno abonado para en caso de un resultado contrario reaccionar.

Este comportamiento ha sido interpretado por analistas como parte de una estrategia política más amplia, en la que el presente no se desconecta del escenario electoral inmediato. En ese sentido, el cierre de gobierno no se percibe como una etapa de retiro, sino como una fase activa de consolidación de decisiones. Esta actitud desde ya, genera alertas.

El componente electoral y la disputa por el poder

El calendario electoral introduce un elemento determinante en la coyuntura. La proximidad de las elecciones presidenciales transforma cada decisión en un mensaje político, tanto hacia los votantes como hacia los distintos actores institucionales.

En este contexto, el uso de recursos públicos, la visibilidad del gobierno y la movilización social adquieren un peso central. La discusión no se limita a la gestión, sino que se amplía hacia la influencia en la contienda electoral.

El debate sobre la equidad en la competencia política se ha instalado en la agenda pública. Sectores de oposición han cuestionado el papel descarado del gobierno en la campaña, con una activa participación indebida en política; mientras que desde el oficialismo se defiende la legitimidad de su acción política dentro del marco institucional y se incrementa a medida que se acerca la fecha para la primera vuelta.

Seguridad y control territorial en el centro del debate

Uno de los puntos más sensibles en este escenario es el relacionado con la seguridad. Las decisiones adoptadas en el marco de la política de “paz total”, como la de levantar órdenes de captura a cabecillas de bandas criminales que pueden movilizar sectores urbanos en pro del candidato oficialista, han generado efectos directos en distintas regiones del país, especialmente en áreas urbanas y corredores estratégicos.

La flexibilización de medidas judiciales, la interlocución con estructuras criminales y la reorganización de dinámicas territoriales han sido objeto de análisis y rechazo por parte de autoridades locales y expertos en seguridad.

En ciudades como Medellín, por ejemplo, las discusiones recientes sobre la situación de cabecillas de organizaciones ilegales han puesto de relieve los desafíos de implementar procesos de diálogo sin afectar la percepción de seguridad ciudadana. Esta situación ha llevado a que diferentes sectores administrativos y civiles de la ciudad y del departamento, anuncien demandas contra los decretos.

Este equilibrio entre negociación y control estatal sigue siendo uno de los principales retos de la política pública en materia de seguridad.

Fuerzas armadas y tensiones institucionales

El papel de la Fuerza Pública también ha entrado en el debate. Cambios en la estructura de mando, decisiones administrativas y discusiones sobre el rol de las instituciones militares han generado distintas interpretaciones.

En cualquier Estado, la estabilidad de la Fuerza Pública es un elemento clave para garantizar el orden institucional. Por ello, cualquier percepción de debilitamiento o transformación significativa en su estructura genera preocupación en sectores políticos y sociales.

Una de las decisiones que ha generado controversia tanto dentro como fuera de la fuerza pública, son los decretos que han flexibilizado los precios de las armas y municiones de Indumil, según las denuncias de militares y funcionarios de esta empresa. Esto ha generado que muchos se atrevan a sospechar que, en caso de que el candidato del gobierno pierda las elecciones, se estaría fraguando un plan B que permita a que la ciudadanía convencional, activada por los seguidores del régimen, se armen fácilmente para repeler un nuevo gobierno de oposición, en caso que el oficialismo no logre la continuidad.

Al mismo tiempo, el gobierno ha defendido sus decisiones como parte de una modernización institucional y de un enfoque distinto frente a los desafíos de seguridad. Las sospechosa actitud del gobierno te actuar de esta manera previo a las elecciones y no durante los cuatro años anteriores. Lleva que la sospecha sean válidas para los análisis de IFMNOTICIAS. Esta dualidad de lecturas refleja la polarización que atraviesa el país.

Movilización social y organización política

Otro componente relevante es la movilización social. En Colombia, las protestas y las organizaciones sociales han tenido históricamente un papel activo en la vida política. En el contexto actual, su presencia adquiere una dimensión adicional.

Las movilizaciones son interpretadas de distintas maneras: para algunos, son expresiones legítimas de participación democrática; para otros, reflejan una estrategia de presión política en medio del proceso electoral.

El vínculo entre organizaciones sociales y dinámicas políticas es un elemento complejo que forma parte del debate sobre la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Luego que se haya evidenciado que las movilizaciones sociales se producen en el marco de la activación de los grupos de izquierda, evidencias soportadas en qué decisiones de este gobierno que han sido más fuertes a las de los gobiernos anteriores, no hayan tenido la misma respuesta en las calles; deja ver la capacidad de protesta social, vinculada a la ideología.

Para los analistas, este es un daño al derecho de la protesta social, al haberse politizado y haberle quitado la naturalidad de expresión en las calles, de los ciudadanos, precisamente al comprometer, por la ideología de izquierda y la manipulación del gobierno, a través de sus colectivos, un derecho que es constitucional.

Los analistas se atreven a creer que la protesta social estará utilizada dentro del libreto electoral como un Plan B. En caso tal que la continuidad oficialista perdiera las elecciones. Las calles serían convocadas para no dejar gobernar al presidente de la oposición, como lo advirtieron en tiempos en que ganó Iván Duque. Colombia podría vivir otra protesta social 2.0, con grupos creados con el apoyo de organizaciones armadas que bien podrían ser la primera línea 2.0.

El país aún recuerda cuando Gustavo Petro ante el triunfo le iban Duque, dijo que no lo dejaría gobernar desde las calles y así ocurrió. Conociendo la experiencia para los analistas esta narrativa y ya cuenta con experiencia podría repetirse. También es cierto que la oposición aprendió de esa amenaza y otras serían las circunstancias para combatirla.

Lo cierto es que en medio de este juego de narrativas, la protesta social sería parte de ese Plan B de gobierno, estaría generando los decretos necesarios que no penalicen la protesta social, para permitir que se pueda ejecutar ese plan en caso de perder las elecciones.

Percepción de riesgo y narrativa pública

El clima político actual está atravesado por narrativas que advierten sobre distintos tipos de riesgos. Algunas se centran en la posibilidad de desequilibrios institucionales, otras en el impacto de decisiones de seguridad, y otras en la transparencia del proceso electoral.

Estas narrativas influyen en la percepción ciudadana y en la forma en que se interpreta la coyuntura. En un contexto de alta polarización, la construcción de relatos se convierte en un factor determinante del debate público.

La responsabilidad de las instituciones y de los actores políticos es, en este escenario, garantizar que el proceso democrático se desarrolle dentro de los márgenes de la legalidad y la confianza.

Por eso preocupa tanto la insistente participación del presidente Petro en política y en la creación de narrativas de duda sobre el proceso electoral, adelantándose a hablar de fraude, manipulación, y señalando desde ya a quienes, según él, serían los autores. Nuevamente, para los Analistas de IFMNOTICIAS, es evidente que se ve lejos el cierre del gobierno y más una preparación de la administración para la reacción futura, si no gana el candidato del continuismo.

Un momento decisivo para la institucionalidad

Colombia se encuentra en un punto de inflexión. La convergencia entre el cierre de un gobierno, la campaña electoral y los desafíos en materia de seguridad configura un escenario de alta complejidad.

El resultado de este proceso dependerá, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para mantener su independencia y de los actores políticos para respetar las reglas del juego democrático, de unas fuerzas armadas independientes, conscientes de su verdadera labor estatal de proteger la Constitución y los derechos democráticos.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el país enfrenta una coyuntura en la que se pondrá a prueba la solidez de su sistema institucional. La forma en que se gestionen estas tensiones definirá no solo el resultado electoral, sino también la estabilidad política en los años siguientes.