(ANÁLISIS) De la parranda en Itagüí al “pacto de la picota”. Anatomía de una crisis carcelaria con responsables políticos

La fiesta que destapó la crisis

El detonante fue una escena que desborda cualquier lógica institucional. En la cárcel La Paz de Itagüí, diseñada para albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos del país, se realizó una celebración con licor, música en vivo y presencia masiva de visitantes sin control.

Los operativos del INPEC no dejaron margen de duda. En los patios del penal se encontraron bebidas alcohólicas, drogas como marihuana y cocaína, equipos no autorizados, cargadores y hasta parrillas para asados. Elementos que no solo están prohibidos, sino que resultan incompatibles con un régimen carcelario de máxima seguridad.

Los videos conocidos públicamente se conocieron por las valientes denuncias de la concejal Claudia Carrasquilla, conocida como la Dama de Hierro. Estas denuncias profundizaron el escándalo. En los videos divulgados, se ve el ingreso de al menos 16 vehículos, circulación libre de personas, ausencia de controles visibles y participación de artistas reconocidos. Las imágenes muestran puertas abiertas, sin verificación institucional, y algo aún más grave: el control del acceso en manos de particulares, hombres de negro de las organizaciones criminales y no del INPEC.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue quien documentó y denunció estos hechos con material de cámaras de seguridad. Sus registros contradicen la versión oficial que intentó reducir lo ocurrido a una simple celebración autorizada dentro de los beneficios carcelarios.

Lo que se evidenció no fue una irregularidad menor. Fue la pérdida total del control estatal dentro de un centro penitenciario.

Del control institucional al control de los internos

Uno de los elementos más graves revelados por las imágenes es quién ejercía el control real en el ingreso: no eran funcionarios del Estado, sino hombres vinculados a estructuras criminales quienes decidían quién entraba y quién no.

Ese dato cambia por completo la dimensión del problema. No se trata solo de corrupción o negligencia. Se trata de una alteración del principio básico de autoridad: el Estado deja de controlar la cárcel y ese control pasa, en la práctica, a los propios reclusos. Como en los tiempos de Pablo Escobar, la de Itagüí parece el hotel de los delincuentes más peligrosos, y son ellos quienes mandan.

A esto se suma otro hallazgo inquietante. El ingreso de materiales de construcción, volquetas y camiones, lo que coincide con denuncias sobre adecuaciones internas irregulares. No son celdas, son espacios intervenidos que desdibujan la naturaleza misma del sistema penitenciario. Apartamentos de lujo reemplazan las celdas.

El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, reconoció que nada de esto fue autorizado. Se ordenaron traslados de personal y la Procuraduría, en cabeza de Gregorio Eljach, inició indagaciones disciplinarias.

Pero las preguntas de fondo permanecen intactas: ¿cómo se llegó a este punto?

El origen. Las visitas a las cárceles y el “Pacto de la Picota”

Para entender lo ocurrido en Itagüí, el análisis se remonta a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder. En ese momento, se conocieron los recorridos realizados por Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente; el senador Iván Cepeda, hoy candidato presidencial del continuismo del régimen petrista; y la fallecida senadora Piedad Córdoba.

Estos recorridos incluyeron cárceles en Colombia y en Estados Unidos, donde se encontraban recluidos narcotraficantes, exparamilitares y miembros de estructuras criminales. El objetivo, según las denuncias que surgieron en su momento, era establecer acercamientos con estos actores, hacer acuerdos de apoyo para la instauración en Colombia del socialismo del siglo XXI, originado en el Foro de São Paulo y con sus banderas en Venezuela.

Ese episodio fue denominado públicamente como el “pacto de la picota”. Un concepto que desde entonces ha marcado el debate político y que hoy vuelve al centro de la discusión a partir de los hechos recientes.

La relevancia de este antecedente no es menor. Marca el punto de partida de una relación entre el poder político y actores criminales que, según las críticas, no se limitó a la campaña y que, como hoy se demuestra, está en etapa de cumplimiento y retoma, con miras al apoyo al continuismo a través de Iván Cepeda, quien desde la presidencia busca que siga el proceso de cambio hacia el comunismo en Colombia.

El cumplimiento desde el poder: beneficios y concesiones

Una vez en el Gobierno, la política de “Paz Total” se convirtió en el eje de la estrategia de seguridad. Bajo este marco, se habilitaron mecanismos para vincular a distintos actores armados y estructuras criminales a procesos de diálogo. Según los analistas consultados por IFMNOTICIAS, “Paz Total” fue el nombre dado al proceso de cumplimiento a los acuerdos a los que se llegó e el “pacto de la picota”.

En la práctica, esto se tradujo en decisiones concretas dentro del sistema penitenciario. Algunos internoss fueron designados como “gestores de paz”, se flexibilizaron condiciones de reclusión y se crearon espacios de interlocución directa. Se privilegiaron en todo sentido. La Paz Total” fue la marca utilizada para el proceso de cumplimiento de los acuerdos. Nunca se buscó realmente La Paz. Por eso, señalan los analistas, al gobierno no le ha importado si el proceso fracasó o no, solo le Ha importado cumplir con los compromisos a los delincuentes, con la idea que sigan apoyando la continuidad en el poder.

Entre los beneficios señalados se encuentran ampliaciones en los regímenes de visitas, instalación de espacios diferenciados dentro de cárceles de alta seguridad, participación en eventos públicos como el tarifazo, el levantamiento de las órdenes de captura, la creación de mesas de negociación sin importar que esas mesas tuvieran resultados. Solo tenían que mantenerse en el tiempo. A cambio se financiaban, se desembolsaban multimillonarios recursos estatales bajo la disculpa de recursos para la paz.

El caso del “tarimazo” en La Alpujarra, donde algunos de estos actores aparecieron en escenarios públicos, se convirtió en uno de los símbolos más visibles de esta política, o cuando capturado alias Calarcá por tropas de la Cuarta Brigada en Antioquía se procedió a dejarlo libre y levantar la orden de captura, o las mesas de diálogo con el ELN, algunas disidentes y por supuesto, con los cabecillas de las bandas y combos bajo el concepto de La Paz urbana, que coordina la senadora Isabel Zuleta.

Lo que inicialmente se presentó como una estrategia de pacificación empezó a generar cuestionamientos sobre los límites entre negociación y concesión, hasta que el país entendió que en realidad la “paz total “ era el cumplimiento del “pacto de picota”.

La paz total y las cárceles como escenario político

Para nadie ha sido un secreto en los casi cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, de su cercanía con la delincuencia. El Gobierno ha sentido una consideración especial por los delincuentes a quien el propio Petro ha justificado y defendido, desde dar la razón del por qué roban celulares hasta pagar para que no maten, pasando por negar que los narcotraficantes sean narcos o que el producto, la cocaína, es menos mala que la gasolina.

El caso de Itagüí introduce un elemento adicional: el uso de las cárceles como espacio activo dentro de la política de “Paz Total”. Las cárceles lejos de ser un laboratorio de castigo, corrección y reinserción, se han convertido en espacios de beneficios especiales para quienes delinquen, en donde pueden continuar haciéndolo, bajo la protección del Estado.

La senadora Isabel Zuleta ha sido una de las figuras visibles en la promoción de estos espacios de diálogo, particularmente en Antioquia. Bajo su impulso, la cárcel de Itagüí se convirtió en uno de los centros de estas dinámicas. A esto le denominaron, “laboratorios de paz”.

Sin embargo, los hechos conocidos sugieren que ese escenario fue más allá de una mesa de negociación. La combinación de beneficios, falta de control y privilegios configura un entorno que ha sido cuestionado por distintos sectores.

Las denuncias apuntan a que estos espacios han servido como plataforma para mantener interlocución con estructuras criminales en un contexto político marcado por el calendario electoral.

Estos espacios han servido para dar cumplimiento a los acuerdos del “pato de la picota”, y estallan ahora ante la necesidad de terminar de dar cumplimiento en el afán de mantener los apoyos con miras a las elecciones presidenciales de mayo.

Así pues, los analistas intuyen que elecciones presidenciales gobierno ha jugado en la delgada línea entre la autorización a actos como las fiestas y construcción de lujosos apartamentos, nada dentro de lo oficial, y lo que lo separa las narrativas de rechazo y condena de los actos y hallazgos.

Contradicciones del discurso oficial

Uno de los puntos más críticos del análisis es la distancia entre el discurso oficial y los hechos evidenciados. Y es que, según los analistas de IFMNOTICIAS, estas cosas al Inter de cárceles de máxima seguridad, no ocurren si alguien en lo alto, las autoriza. La narrativa dada señala que mientras el Gobierno ha insistido en que no autorizó las actividades en Itagüí, las condiciones que hicieron posible ese evento no se explican como un hecho aislado.

La reiteración de beneficios, la flexibilización de controles y la creación de espacios diferenciados dentro de cárceles de alta seguridad generan un entorno donde este tipo de situaciones se vuelven posibles.

Parte de la narrativa oficial, también sucumbido ante el peso de las evidencias, como le ocurrió al ministro de justicia, Jorge Ivan Cuervo, ante las imágenes divulgadas por Claudia Carrasquilla.

En el discurso oficial, el ministro hablaba de estrictos controles en el ingreso mientras minimizaba el impacto de la fiesta de la cárcel. Entre tanto las imágenes muestran más de 16 autos de lujo, decenas de personas ingresando a la cárcel sin ningún tipo de control con las puertas abiertas y en donde la ausencia de la guardia del INPEC es Clara y el control del acceso lo tienen los mismos delincuentes.

por eso resulta al menos extraño y poco coherente que Isabel Zuleta salga a rechazar lo que ella misma ha generado, o que el ministro diga que los delincuentes en la cárcel no son narcotraficantes, o que el candidato Iván Cepeda guarde silencio.

La pregunta planteada por la concejal Claudia Carrasquilla cobra relevancia: ¿por qué minimizar lo ocurrido?

La respuesta institucional ha sido reactiva, no preventiva. Se actúa después del escándalo, no antes de que ocurra. Según los analistas, esto se debe a ese juego ante la opinión pública que tiene el gobierno de autorizar a su conveniencia, y luego rechazar desde la institucionalidad.

Impacto en la seguridad y la credibilidad institucional

Las implicaciones de este caso trascienden el ámbito penitenciario. El mensaje que se proyecta hacia la sociedad es de pérdida de control y debilitamiento institucional.

La credibilidad del sistema judicial se ve afectada cuando quienes han sido condenados por delitos graves aparecen en contextos de privilegio dentro de los centros de reclusión. Uno de los daños más grandes está en utilizar la fiscalía a conveniencia de los deseos del gobierno, violando la independencia de poderes y suplantando roles.

Estos delincuentes de la fiesta en la cárcel de La Paz de Itagui, son los mismos a los que hace unas semanas, el gobierno pidió a la Fiscalía que levantara las órdenes de captura y los mismos que el Presidente a través de Isabel Zuleta, llevó al “tarimazo” en la Alpujarra. Para los analistas, esto no es coincidencia. Todo hace parte del mismo juego del gobierno, quien ha permitido que se conviertan en las cárceles, en ferias y hoteles, mientras públicamente se muestra extrañado y rechaza.

El INPEC, como institución, enfrenta una crisis de confianza que va más allá de este episodio. La necesidad de una reestructuración profunda empieza a instalarse en el debate público. Desde ya se anuncian debates en el congreso y revive la necesidad de una reforma a la entidad. Entre tanto los “cabeza de turco”, unos cuantos funcionarios, serán culpados y destituidos, personas catalogadas como desechables, dentro del sistema. Por eso llama la atención que la fiesta ocurrió, curiosamente, cuando el director de la cárcel estaba de descanso.

Al mismo tiempo, las autoridades locales y regionales han expresado preocupación por el impacto que estas dinámicas pueden tener en la seguridad ciudadana. Las preocupaciones se fundamentan en que si al interior de la cárcel los delincuentes atienden en una oficina especial al interior del penal a quienes en el exterior ejecutan sus órdenes, no hay forma de controlarlos, pues continúan delinquiendo bajo la protección estatal.

Responsabilidades políticas en el centro del debate

El análisis de este caso conduce inevitablemente a la identificación de responsabilidades políticas. Gustavo Petro, como presidente de la República, es el responsable de la orientación de la política de “Paz Total”.

Iván Cepeda, como figura central en la construcción de esa política desde el “Pacto de la Picota” y actual candidato presidencial, aparece vinculado desde su origen en los acercamientos con actores criminales y ante estos hechos recientes, guarda silencio.

Juan Fernando Petro y Piedad Córdoba formaron parte del antecedente que marcó el inicio de esta dinámica.

Isabel Zuleta, por su rol en la implementación de espacios de diálogo en Antioquia, queda en el centro de las preguntas sobre el manejo de la cárcel de Itagüí y su abuso de poder, que la tiene en el ojo de las investigaciones judiciales.

Los hechos no se explican únicamente por fallas operativas. Responden a decisiones políticas que han redefinido la relación entre el Estado y quienes están privados de la libertad por delitos graves. Si algo queda claro para los analistas, es que que estos hechos no son casuales y cuentan con autorización, la misma que se niega de manera oficial. Un doble discurso que confunde pero que es estrategia para lograr los apoyos para el continuismo del régimen.

Una crisis que redefine el debate nacional

Lo ocurrido en Itagüí no es un episodio aislado ni un escándalo pasajero. Es un punto de quiebre que obliga a revisar el modelo de política penitenciaria y su relación con las estrategias de seguridad.

El país enfrenta una discusión de fondo: hasta dónde pueden llegar las políticas de negociación sin comprometer la autoridad del Estado.

La “Paz Total”, más allá de su intención declarada, queda bajo un escrutinio que ya no es solo político, sino institucional. El gobierno nunca buscó éxito en el programa, su fracaso era la garantía para el cumplimiento del “pacto de la picota”.

La cárcel, concebida como espacio de cumplimiento de penas, aparece hoy en el centro de un debate sobre poder, control y límites del Estado en época electoral.