(Análisis) La pesadilla de los pasaportes. El laberinto político y jurídico que arrincona al gobierno Petro

El manejo del contrato de los pasaportes se ha convertido en una de las más grandes pesadillas para el presidente Gustavo Petro. Lo que inició como una bandera de campaña, la promesa de desplazar a la empresa Thomas Greg & Sons de la expedición de este documento, terminó transformándose en un boomerang político que golpea a su administración y deja a su gobierno enredado en una maraña de decisiones improvisadas, sanciones disciplinarias y disputas internas que han fracturado viejas lealtades.

Desde el comienzo de su mandato, Petro hizo evidente su interés en apartar a la firma privada del negocio de los pasaportes. Sin embargo, la estrategia que parecía un golpe de independencia tecnológica y de soberanía terminó convertida en una “bola de nieve”. Mientras más avanzaba el gobierno en su intento de sacar a Thomas Greg, más quedaba atrapado en la necesidad de contratarla nuevamente. El resultado ha sido paradójico; pese a los anuncios, el Estado ha tenido que firmar en repetidas ocasiones con la misma compañía, prolongando un vínculo que buscaba romperse desde el primer momento.

La caída de Álvaro Leyva y el efímero paso de Pastor Saade

Uno de los grandes sacrificados de esta cruzada fue el excanciller Álvaro Leyva Durán, quien ejecutó órdenes directas del presidente en medio de este proceso. La Procuraduría lo sancionó e inhabilitó por irregularidades cometidas en el manejo de la cancelación del contrato que, Thomas Greg, había ganado legalmente en la licitación y por el que se interpuso una millonaria demanda contra la Nación. El resultado fue nefasto para Leyva quien, no solo quedó fuera del escenario político y del gobierno sino que abrió una grieta irreparable en su relación con Petro. Lo que antes era una relación de amistad y confianza, derivó en un enfrentamiento abierto: Leyva se convirtió en crítico frontal del presidente, revelando escandalosos episodios íntimos de su vida personal, mientras que Petro respondió con acciones judiciales en su contra.

La caída del excanciller muestra cómo el episodio de los pasaportes no solo generó un problema administrativo, sino que también provocó fracturas en el círculo más cercano al mandatario, debilitando su capital político. Pero este solo sería el principio de un largo penar por cuenta de la obsesión presidencial en contra de Thomas Greg y de apoderarse de la gestión de los pasaportes, antes de las elecciones del 2026.

Otro nombre que quedó enredado en el escándalo fue Pastor Saade, quien fungió como jefe de gabinete por apenas 51 días. Su brevísima gestión fue suficiente para que la Procuraduría también lo sancionara, al considerar que incurrió en irregularidades en medio de la misma polémica contractual por los pasaportes. Nuevamente, el libreto de obedecer al presidente dejó otro sacrificado que intentó saltarse las normas, para lograr cumplir con el mandato presidencial. El episodio dejó la impresión de que la obsesión de Petro con los pasaportes se había convertido en un agujero negro capaz de arrastrar a funcionarios de alto nivel en cuestión de semanas.

Un nuevo contrato, la misma empresa

Pese a los tropiezos y al desgaste político, la Cancillería, a través del Fondo Rotatorio, anunció la firma de un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons, vigente a partir del 1 de septiembre próximo. El acuerdo tiene un valor de $161.290 millones y se extenderá por los próximos ocho meses, mientras entra en operación el modelo alternativo de expedición a cargo de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

La noticia confirma la paradoja: después de casi tres años de intentos por deshacerse de Thomas Greg, el Estado colombiano sigue dependiendo de la misma firma para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes.

El trasfondo político y jurídico

Más allá de los tecnicismos contractuales, lo que este caso refleja es una administración que se embarcó en una cruzada política sin medir las consecuencias jurídicas y administrativas. Petro convirtió el tema en un asunto personal, en un pulso directo contra una empresa, y en el camino sacrificó ministros, jefes de gabinete y relaciones políticas estratégicas.

La Procuraduría, por su parte, se ha convertido en un actor clave en este pulso, imponiendo sanciones que han debilitado al Ejecutivo y enviando un mensaje de advertencia frente al uso de la discrecionalidad presidencial en asuntos de contratación pública y demostrando que, pese a las oscuras intenciones del Gobierno, la institucionalidad en Colombia, todavía funciona.

El nuevo contrato firmado con Thomas Greg no resuelve la controversia de fondo, sino que aplaza el desenlace. La gran incógnita es si el modelo alternativo que se prepara con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal logrará implementarse de manera eficiente y sin cuestionamientos, o si se repetirá la historia de tropiezos y demandas.

Es importante recordar que Petro no logró apoderarse del control de los Pasaportes antes del proceso electoral, y su plan inicial, una vez culminen las elecciones presidenciales, el futuro de los acuerdos alcanzados hasta ahora, dependerán del nuevo presidente que llegue.

La erosión de la credibilidad

En términos políticos, el escándalo ha dejado una huella profunda. La promesa de independencia y transparencia terminó convertida en una narrativa de improvisación, desgaste, falta de previsión y derrota. El presidente Petro, que buscaba mostrar firmeza y autonomía frente a una empresa privada, terminó dando señales de debilidad institucional. A pesar de su voluntad política, no logró transformar el sistema y se vio obligado a mantener lo que intentó desmontar. Algunos observadores, dicen que mejor le hubiera ido al presidente manteniendo el contrato alcanzado en la licitación que haberse metido en la maraña que le demostró su incapacidad para gestionar, según las normas.

La relación rota con Leyva, la salida precipitada de Saade y la persistencia de Thomas Greg como contratista revelan un gobierno que, en este asunto, se desgasta en disputas personales y pierde capacidad de gestión.

El caso de los pasaportes es hoy un símbolo de cómo una obsesión política puede convertirse en un problema estructural de gobernabilidad. La “pesadilla” que comenzó con un discurso de soberanía, terminó en un terreno de sanciones, traiciones y contratos repetidos con el mismo proveedor.

La gran pregunta es si Petro logrará salir del laberinto antes de que termine su mandato, o si este episodio será recordado como la muestra más clara de que las cruzadas personales, cuando no se sustentan en planeación técnica y jurídica, terminan devorando gobiernos enteros.

Cronología del escándalo de los pasaportes

2022 – Campaña presidencial. Gustavo Petro anticipa que busca sacar a Thomas Greg & Sons del negocio de los pasaportes. Petro en campaña manifestó su intención de revisar contratos de pasaportes. De ello hay videos y entrevistas donde critica a Thomas Greg & Sons y habla de “abrir la competencia” en medio de los debates.

Agosto 2022 – Inicio del gobierno Petro. Desde el comienzo, el presidente da órdenes para suspender y revisar la contratación de pasaportes a Thomas Greg, lo que generó demandas y tutelas.

2023 – Primer choque institucional. La Cancillería desconoce la licitación en la que Thomas Greg resultó favorecida. La Procuraduría abre investigación contra Álvaro Leyva Durán, canciller, por irregularidades en el proceso. Esto está documentado en decisiones oficiales en donde Leyva fue suspendido y posteriormente inhabilitado por 15 años.

Enero 2024 – Crisis ministerial. Leyva es suspendido e inhabilitado por la Procuraduría. La relación con Petro se rompe definitivamente.

2025 – Caso Pastor Saade: El jefe de gabinete dura apenas 51 días en el cargo. La Procuraduría lo sanciona también por irregularidades relacionadas con la contratación de pasaportes.

2022-2025 – Contratos sucesivos con Thomas Greg. Pese a los intentos del gobierno, la empresa sigue a cargo de la expedición de pasaportes mediante nuevos contratos. Son por lo menos tres las oportunidades en las que se han renovado los contratos, en hechos verificables en el SECOP: la Cancillería ha firmado contratos temporales con la empresa para garantizar la expedición de pasaportes, antecedidos por el fantasma de la escasez del documento y aliviando potenciales crisis.

Agosto 2025 – Nuevo contrato. La Cancillería, a través del Fondo Rotatorio, firma con Thomas Greg & Sons un contrato por $161.290 millones, vigente desde septiembre por ocho meses.

Futuro inmediato. Se espera que el proceso de expedición pase a la Imprenta Nacional y a la Casa de la Moneda de Portugal. Queda la incógnita de si este modelo alternativo se pondrá en marcha sin nuevas controversias.