Álvaro Uribe se refirió al fallo que condena a su hermano Santiago Uribe a 28 años de prisión

El Tribunal Superior de Antioquia confirmó este martes una condena de 28 años de prisión contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en el caso relacionado con el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. El fallo, que revoca la absolución emitida en 2024 por un juzgado especializado, reaviva un proceso judicial que se ha extendido por más de una década.

El expresidente Uribe reaccionó rápidamente a la decisión judicial. En un mensaje publicado en su cuenta de X, expresó: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”. Esta es la primera reacción pública del exmandatario luego de conocerse la sentencia en segunda instancia.

La decisión del Tribunal contrasta de manera radical con el fallo del Juzgado Primero Penal Especializado, que en noviembre de 2024 había absuelto al procesado por duda razonable. En aquella ocasión, el despacho judicial señaló que el único testigo que afirmaba que Santiago Uribe había ordenado el asesinato del conductor Camilo Barrientos era el mayor retirado Juan Carlos Meneses. Sin embargo, este testimonio fue controvertido por otros declarantes, lo que llevó a la absolución inicial.

El Tribunal, en cambio, determinó que existían elementos suficientes para concluir que Santiago Uribe fue “líder y dirigente” de los 12 Apóstoles, una estructura ilegal señalada de cometer numerosos homicidios en Yarumal durante los años noventa. Aunque la sentencia se refiere específicamente al homicidio de Barrientos, los magistrados ordenaron vincular al condenado con otras muertes atribuidas al grupo, al considerar que la organización operaba como un “aparato de poder” que actuaba de forma sistemática.

El fallo señala además que la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe, habría sido un punto de reunión del grupo armado ilegal. Según el Tribunal, en esta finca se habrían llevado a cabo entrenamientos, concentración de hombres armados y planificación de acciones delictivas, lo que, según el documento judicial, configura conductas que pueden considerarse delitos de lesa humanidad.

La condena solo quedará definitivamente en firme cuando la Corte Suprema de Justicia decida si admite o no el recurso extraordinario de casación que presentará la defensa. Mientras tanto, la decisión introduce un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más controvertidos y de mayor impacto político en el país.