El Distrito confirmó la llegada a Bogotá de nuevas familias víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo, tras haber sido inicialmente trasladadas a un predio en la vereda Las Pavitas, municipio de Puerto Boyacá.
De acuerdo con las autoridades, estas familias enfrentan nuevamente escenarios de amenaza y riesgo, por lo que se activaron medidas de atención inmediata mientras se avanza en su reubicación definitiva.
Según lo informado por la Administración Distrital, se alcanzó un acuerdo con la Unidad para las Víctimas para asumir de manera conjunta las acciones que permitan atender a la población desplazada en el corto plazo. La reubicación definitiva estará a cargo de la Agencia Nacional de Tierras.
El Distrito anunció la disposición de servicios integrales que incluyen alojamiento temporal, acceso a salud, educación, orientación jurídica, integración social y atención psicosocial. Estas acciones se llevarán a cabo a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local. Las familias que opten por permanecer en Bogotá también serán caracterizadas socioeconómicamente.
En el comunicado oficial, las autoridades advirtieron que la ciudad enfrenta una situación cercana al límite de su capacidad institucional. Durante enero de 2025, Bogotá registró un aumento del 30% en la llegada de personas en situación de desplazamiento forzado, en comparación con años anteriores.
La Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación entregó apoyos económicos para arriendo y bonos de alimentación a 1.699 personas, así mismo, proporcionó alojamiento temporal a 317, cifras que multiplican por cuatro la capacidad habitual de atención en albergues.
En este contexto, el Distrito solicitó a la Unidad para las Víctimas asumir el alojamiento de la población Emberá que permanece desde septiembre de 2023 en albergues distritales, en espera de su proceso de reubicación. Las autoridades locales señalan que esta situación, sumada a la reciente llegada de nuevas familias, incrementa los costos de la ayuda humanitaria y limita la capacidad de respuesta inmediata.
La Administración Distrital reiteró su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y solicitó al Gobierno Nacional acelerar los procesos de reubicación, bajo los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad, para evitar nuevas afectaciones a la población desplazada y garantizar la operatividad de los entes territoriales.
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