Medellín se prepara para ser el epicentro de una movilización política este 21 de junio, convocada por el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, el centro administrativo de la ciudad. Sin embargo, la convocatoria ha encendido alertas tras la denuncia del concejal Alejandro de Bedout, quien cuestiona si recursos públicos se estarían utilizando para financiar la actividad.
“¿Más de $2.600 millones se gastará Petro en buses, tarimas, refrigerios y logística para agitar y mentirle a la gente de Medellín?”, planteó el concejal, poniendo sobre la mesa los costos que implicarían el transporte y la organización del evento.
Los interrogantes surgen a partir del contrato PCCA-05 de 2025, que por más de $2.682 millones ejecuta en Antioquia la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias —entidad adscrita al Ministerio del Trabajo—. Esta contratación incluye, entre sus objetivos, “fortalecimiento comunitario”, “procesos territoriales” y “eventos pedagógicos”, ítems que permitirían costear transporte, alimentación, refrigerios, logística y presencia en territorio.
Según el concejal, en la misma semana en que se ha convocado la movilización hay reportes ciudadanos que dan cuenta de buses dispuestos desde distintas comunas, refrigerios y la participación de organizaciones sociales alineadas con el Gobierno. Asimismo, de Bedout advirtió que incluso el SENA, también bajo la órbita del Ministerio del Trabajo, podría estar prestando apoyo logístico y operativo a la convocatoria.
La denuncia del concejal plantea una pregunta clave para la opinión pública: ¿se está ante una simple coincidencia o ante una operación política encubierta financiada con dinero público?
