La Alcaldía de Bogotá se mantiene firme en su decisión de continuar con la recuperación del espacio público en el sistema de transporte TransMilenio, a pesar de las protestas y bloqueos que han surgido tras la intervención en la estación de Ricaurte.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, dejó claro que no hay marcha atrás en la estrategia de retirar a los vendedores ambulantes, cuyo establecimiento en esta y otras estaciones representa un obstáculo para la movilidad y la seguridad de los usuarios.
La intervención en Ricaurte, donde cientos de vendedores informales habían ocupado el espacio, provocó una reacción contundente de los comerciantes que, tras ser desalojados por la policía, decidieron bloquear la Calle 13 a la altura de la Carrera 30. Este caos vehicular afectó a miles de bogotanos, obligando a muchos a buscar alternativas de transporte y generando un gran descontento en el sector.
Restrepo argumentó que la ocupación de estos espacios no solo afecta la operación del sistema de transporte, que atiende a cerca de 70,000 pasajeros diarios, sino que también pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por las estaciones. “No podemos permitir que la ocupación de los túneles se convierta en una norma que obstaculice el tránsito”, enfatizó.
Alternativas para los vendedores
A pesar de la firmeza en su postura, el Secretario mencionó que el Instituto para la Economía Social (IPES) estuvo presente ofreciendo alternativas laborales a los vendedores, aunque muchos de ellos rechazaron estas propuestas.
«El IPES ofrece opciones, pero muchos solo buscan ocupar el espacio de la estación, que no es adecuado para la venta de productos», dijo Restrepo.
La situación en la estación Ricaurte ha puesto de relieve las complicadas dinámicas del comercio informal en la ciudad. La administración local enfrenta un reto significativo para regular esta actividad. Según el Secretario, “no podemos permitir que esto continúe afectando la vida de los ciudadanos”.
Impacto en la movilidad
Durante las protestas, la situación en la Calle 13 se volvió caótica. Cientos de bogotanos se vieron obligados a buscar medios de transporte alternativos, lo que llevó a imágenes de personas subiendo a camiones y camionetas. Se estima que alrededor de 25,000 personas se vieron afectadas por estos disturbios, cuyos efectos repercutieron en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La administración ya ha anunciado que esta intervención no será la última. En coordinación con el IPES y la Policía Metropolitana, se planean más operativos en otras estaciones y puntos críticos del comercio ambulante.
“Estamos comprometidos en trabajar para disminuir los riesgos en estos espacios”, afirmó Restrepo, anticipando acciones en sectores como la Calle 100 con Autopista Norte.
El Secretario también denunció que algunos manifestantes usaron tácticas peligrosas, poniendo en riesgo a menores y personas con discapacidad durante las protestas. “Es una actitud absolutamente inaceptable”, aseguró Restrepo, quien solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proteger a los menores involucrados.
El futuro del comercio ambulante en la ciudad se presenta incierto, ya que la Alcaldía sigue adelante con su plan de intervención.
Mientras los vendedores continúan en resistencia, la administración capitalina está decidida a mantener su línea de acción, priorizando la seguridad y la movilidad de los bogotanos sobre las demandas de un sector que se ha vuelto parte del paisaje urbano.
