La reciente retirada del crucifijo que durante 25 años estuvo colgado en la Sala Plena de la Corte Constitucional ha desatado una fuerte controversia dentro y fuera del tribunal.
Este acto ha generado un acalorado debate sobre la laicidad del Estado, la libertad religiosa y el simbolismo en las instituciones públicas.
El crucifijo había sido un elemento constante en la Sala Plena de la Corte Constitucional desde su fundación en 1999.
Este símbolo, que fue recibido por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, se entregó con la finalidad de ser resguardado y preservado en la arquidiócesis de Bogotá.
Así mismo, en el acto se reconoció la importancia de este crucifijo y su significado en la memoria institucional de la Corte Constitucional.
Su presencia, sin embargo, siempre estuvo rodeada de debate, dado el carácter laico del Estado colombiano consagrado en la Constitución de 1991. Durante años, algunos magistrados y observadores cuestionaron la idoneidad de un símbolo religioso en uno de los órganos más importantes del poder judicial del país.
La decisión de retirarlo
La decisión de retirar el crucifijo fue tomada por la actual presidencia de la Corte Constitucional.
Por medio de un comunicado, la corporación indicó que “el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, junto con los magistrados y magistradas de la Sala Plena, hizo entrega a la Arquidiócesis de Bogotá del crucifijo que estuvo ubicado en la Sala Plena de la Corporación”.
En el mes de junio de 2022, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una tutela interpuesta por un ciudadano que pedía retirar el cristo que colgaba en la sala.
Según fuentes internas, la medida responde a una necesidad de reafirmar la neutralidad religiosa de la institución y respetar la pluralidad de creencias de quienes acuden al tribunal.
El cristo de la Sala Plena resistió tutelas de ciudadanos ateos, personas integrantes de otras religiones y hasta plantones que hicieron contra este símbolo de la Iglesia católica.
Cabe recordar que Colombia es un país laico, como lo indica la Constitución Política en el artículo 19: «Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley».
Lo último que se sabe es que, tras unas reparaciones y remodelaciones en la Sala Plena, el crucifijo fue retirado y tras una discusión entre los 9 magistrados se tomó la decisión de llevar el crucifijo a la Arquidiócesis de Bogotá.
Le puede interesar: Crónica de una Reforma enterrada
