El proceso electoral que definirá al nuevo Congreso de la República y a la Presidencia para el periodo 2026-2030 ya está en marcha. Desde el pasado 8 de marzo se habilitó en todo el país el sistema de inscripción de cédulas, así como la conformación de comités de recolección de firmas para avalar candidaturas independientes.
Las elecciones legislativas se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026. En ellas se elegirán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. Del total de senadores, 100 serán escogidos por circunscripción nacional, dos por circunscripción especial indígena y uno corresponderá al candidato presidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones. Por su parte, los 183 representantes se distribuirán así: 161 por circunscripciones departamentales y 22 por circunscripciones especiales, entre ellas las indígenas, afrodescendientes y de colombianos en el exterior.
El proceso enfrenta múltiples retos para garantizar un ejercicio electoral libre y transparente. La situación de orden público sigue siendo crítica en varias regiones del país, donde la presencia de grupos armados ilegales ha derivado en amenazas, intimidaciones y restricciones tanto para candidatos como para votantes. Estos factores ponen en riesgo la libertad del sufragio en amplias zonas del territorio nacional.
Adicionalmente, la posible convocatoria de una consulta popular, programada tentativamente para finales de agosto o comienzos de septiembre, podría incidir de manera significativa en la agenda política y en la intención de voto de los ciudadanos. La decisión final sobre este mecanismo de participación está en manos del Congreso, que deberá pronunciarse en los próximos días.
Otro factor determinante será el clima de desconfianza que reina en torno a la actual legislatura. Diversas investigaciones por corrupción salpican a un número considerable de congresistas, y algunos podrían perder sus curules por incurrir en doble militancia. A esto se suma el creciente descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro, señalado por diversos sectores por no haber cumplido varias de sus promesas de campaña.
Uno de los casos más sensibles es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha puesto bajo la lupa judicial a figuras claves del Congreso. Actualmente, el Consejo de Estado evalúa la continuidad de varios congresistas, mientras se define el destino de los 72.260 votos obtenidos por Andrés Calle y los 39.759 de Iván Name, ambos privados de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia.
El país se encamina, así, hacia una contienda electoral marcada por tensiones políticas, desafíos institucionales y un entorno social convulsionado que pondrá a prueba la solidez de la democracia colombiana.
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