La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciar de forma inmediata un recuento completo de los votos emitidos en las elecciones generales del 30 de noviembre, pese a que el organismo electoral ya decidió quién fue el ganador de los comicios.
La decisión fue anunciada tras una reunión del Consejo de Ministros y quedó respaldada por un decreto aprobado en el Congreso Nacional. Ya que, de acuerdo con lo informado por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, el Congreso instruyó formalmente al CNE para que proceda al nuevo escrutinio de las más de 19.000 juntas receptoras de votos.
El decreto estableció que, si el ente electoral no realiza el conteo, el propio Congreso asumirá esa función, amparándose, según sus promotores, en disposiciones de la Constitución.
La iniciativa fue aprobada en una sesión extraordinaria impulsada por legisladores del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y posteriormente sancionada por la presidenta y publicada en el diario oficial La Gaceta.
Juristas, sectores de la oposición y analistas han cuestionado la legalidad de la medida, al considerar que el proceso electoral ya fue cerrado oficialmente por el CNE, que declaró ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura quien además fue apoyado ampliamente por Trump, con mensajes que fueron tachados como presunta injerencia extranjera.
Mientras tanto, el material electoral permanece resguardado por fuerzas militares y policiales, en medio de un clima de tensión política a pocos días del relevo presidencial, previsto para el 27 de enero.
La orden de recuento se produjo después de que Castro publicara un mensaje en su cuenta de X en el que denunció la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral hondureño.
En ese mensaje, la mandataria solicitó un diálogo directo y franco con el mandatario estadounidense y señaló que sus pronunciamientos públicos en favor de Asfura, realizados antes de las elecciones, influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático afectando a la candidata oficialista, Rixi Moncada.
Según agregó la mandataria, entre las razones que tuvo para adoptar dicha decisión se incluyó que el Consejo Nacional Electoral se ha negado injustificadamente a realizar el escrutinio de 4,774 actas, que aseguró, representaron el voto de 1,558,689 ciudadanas y ciudadanos en los tres niveles electorales.
Castro, declaró que esta omisión usurpaba “la soberanía popular, al desconocer sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños que acudieron a las urnas”.
Y, constituía una grave violación a la Constitución de la República, que estoy obligada a cumplir y defender hasta el último día de mi mandato, el cual culmina como lo manda la Constitución y como lo he prometido el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos.
En este sentido, explicó que el CNE no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma a nivel nacional, como aseguró Castro, relacionadas con inconsistencias, adulteración de actas, votos planchados, urnas infladas, más de 500 mil votos no tienen respaldo biométrico, y alteraciones del sistema “dejando en absoluta indefensión a las y los candidatos de los tres niveles electorales”, como se lee en su cuenta de X.
En un tercer punto explicó que aún con esto, más de un millón de electores habían quedado en estado de indefensión, “desconociéndose el ordenamiento jurídico que manda y obliga el conteo de todos los votos, de cada acta y de cada Junta Receptora de Votos”.
Y, por último, comunicó que no será cómplice de lo que llamó “cinismo institucional” de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, que, aseveró, “después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera, en un entorno de amenazas a Estados soberanos”.
