En medio del debate por la transición energética, Ecopetrol enfrenta un cobro millonario por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), relacionado con el pago retroactivo del IVA por importaciones de gasolina realizadas entre 2022 y 2024.
La cifra podría superar los 22 billones de pesos si se aplica el mismo criterio al ACPM (diésel). La suma inicial, ya confirmada por la Unión Sindical Obrera (USO), se ubica en 9,4 billones de pesos. De ese total, 6,1 billones corresponden a Ecopetrol, 1 billón a la Refinería de Cartagena (Reficar) y 2,3 billones a intereses moratorios.
La información fue dada a conocer en medio de crecientes tensiones fiscales y con impactos que se extienden más allá de la compañía estatal. César Loza, presidente de la USO, explicó que la Dian tomó esta determinación con base en una interpretación interna, y advirtió sobre las implicaciones que esto podría tener en la estabilidad financiera de Ecopetrol.
“Con un precio del barril de crudo que cae y decisiones como estas, Ecopetrol podría caer en una crisis financiera irreversible”, afirmó el dirigente sindical. Según Loza, la medida también podría tener efectos sobre los consumidores, al trasladarse parte del impacto al precio final de los combustibles.
Esto se daría en un contexto de alta sensibilidad en el mercado energético, donde el aumento de precios repercute de forma directa en el transporte y en otros sectores estratégicos de la economía nacional. El sindicato reiteró que la carga tributaria impuesta a la petrolera estatal comprometería su capacidad para ejecutar proyectos de inversión, cumplir compromisos financieros y sostener la cadena de pagos a trabajadores y proveedores.
También alertó sobre posibles efectos negativos en el desarrollo de nuevas operaciones asociadas a la producción de petróleo y gas. La situación se presenta mientras el Gobierno mantiene su enfoque en el proceso de transición energética.
Desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de mantener el equilibrio entre las metas ambientales y la autosuficiencia energética del país, especialmente ante escenarios de incertidumbre fiscal y restricciones presupuestales.
La USO ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que reevalúe la decisión de la Dian. Argumenta que la medida afectaría no solo a Ecopetrol, sino a la economía nacional en su conjunto, por el peso que la empresa tiene en términos fiscales, laborales y de seguridad energética.
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