Uruguay marcó un hito histórico al convertirse en el primer país de Latinoamérica en aprobar por ley el derecho a una muerte digna. Con 20 votos a favor de los 31 emitidos, la Cámara de Senadores dio luz verde a la normativa que regula la eutanasia, tras un extenso debate que se prolongó por cerca de diez horas.
El respaldo al proyecto provino, en su mayoría, de legisladores pertenecientes al Frente Amplio, coalición de izquierda progresista, junto con el voto favorable de una senadora del Partido Nacional y dos del Partido Colorado. Esta decisión se produce dos días después de que la Cámara de Representantes también aprobara la iniciativa, consolidando así el respaldo parlamentario al derecho a decidir sobre el final de la vida.
La aprobación de la ley enfrentó una marcada oposición de sectores conservadores y de la Iglesia católica, quienes argumentaron que la eutanasia atenta contra el valor de la vida y los principios éticos de la medicina. Pese a ello, la mayoría del Senado consideró que el proyecto garantiza un marco legal responsable y respetuoso de la autonomía de las personas que atraviesan enfermedades terminales o sufrimientos irreversibles.
Durante el debate, el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, destacó que la propuesta fue construida con responsabilidad y diálogo amplio. “Se llegó a este proyecto luego de un trabajo serio, con una comunicación muy directa entre senadoras y senadores. Se establecieron garantías claras para proteger a los pacientes, depositando la confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud, y respetando la voluntad individual”, afirmó.
En el anexo 1 del documento legislativo, el Senado uruguayo explicó que la versión final del proyecto es el resultado de la modificación y perfeccionamiento de la iniciativa presentada el 6 de septiembre de 2022, la cual ya había recibido una amplia mayoría de apoyo. Además, se indicó que desde el año 2020 se venía discutiendo la regulación de la eutanasia y que, en el proceso, más de 25 delegaciones fueron escuchadas por la Comisión parlamentaria, incluyendo organizaciones civiles, expertos en bioética, académicos, médicos, representantes religiosos y filósofos.
El texto resalta que el debate fue “profundo y arduo”, e implicó el análisis de múltiples propuestas hasta alcanzar el consenso que permitió su aprobación definitiva.
En el marco de la discusión, el Senado uruguayo hizo referencia a los países que ya han aprobado normativas similares. Se mencionó el caso de Oregón (Estados Unidos), pionero en la materia desde 1994, seguido por otros estados como Washington, Montana, Vermont y el Distrito de Columbia. En Europa, Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo también han legalizado la eutanasia activa, convirtiéndose en referentes internacionales en el tema.
El documento incluyó, además, una mención a los avances en América Latina, destacando a Colombia como el primer país de la región en despenalizar la eutanasia mediante la sentencia C-239 de 1997, que reconoció la muerte digna como parte del derecho fundamental a una vida digna. También se recordó el caso de Ana Estrada en Perú, a quien el Poder Judicial autorizó la eutanasia en una decisión individual, marcando un precedente relevante en la región.
Con esta decisión, Uruguay se consolida como el primer país latinoamericano en convertir el derecho a una muerte digna en ley, abriendo un nuevo capítulo en la historia de los derechos humanos y de la autonomía individual en la región.
