Recientemente la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra cinco congresistas y un exmiembro del legislativo, quienes estarían involucrados en un esquema de direccionamiento ilegal de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La medida fue impulsada por el testimonio de Olmedo López, exdirector de la entidad, quien vinculó directamente a estos parlamentarios con delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Entre los implicados, según el alto tribunal, se encuentran los senadores Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal) y Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador); los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Karen Astrith Manrique Olarte (CITREP), así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quien renunció recientemente alegando problemas de salud.
La Corte los acusa de haber utilizado su posición para obtener beneficios económicos a través de contratos direccionados en distintos municipios del país.
Contratos y corrupción: la declaración de López que desató el escándalo
El núcleo de esta trama, según detalló la Corte Suprema en su pronunciamiento, radica en la manipulación de contratos gestionados por la UNGRD en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
López reveló en su testimonio que estos parlamentarios habrían recibido dádivas a cambio de emitir conceptos favorables para operaciones de crédito público impulsadas por el Ministerio de Hacienda. El exdirector de la UNGRD involucró incluso al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sugiriendo que los parlamentarios actuaron bajo su influencia directa.
Los montos de los contratos en cuestión son desorbitantes:
- Carmen de Bolívar, Bolívar: $11.700 millones
- Saravena, Arauca: $35.631 millones
- Cotorra, Córdoba: $46.000 millones
La Corte especificó que las pruebas obtenidas incluyen más de 50 documentos y una decena de declaraciones, entre las cuales destaca la de Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo del riesgo en la UNGRD, y otros funcionarios que corroboraron las acusaciones de López.
“Es una cadena de corrupción que comienza en lo más alto y se extiende hasta los contratistas”, afirmó López, subrayando el alcance del esquema de corrupción.
Manzur: el rol del Presidente de la Comisión de Acusaciones
Uno de los nombres que resalta en este escándalo es el de Wadith Manzur, Presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entidad encargada de investigar al presidente Gustavo Petro.
Según López, Manzur fue uno de los beneficiarios directos de los contratos de la UNGRD, e incluso mencionó que «la Comisión de Acusaciones se vendió” a cambio de beneficios personales, lo que genera serias dudas sobre la imparcialidad de esta comisión.
“El tema de los carrotanques y contratos en la UNGRD va más allá de los vehículos. Toca directamente a aforados y personas de alto rango en el poder legislativo”, afirmó López. Estas declaraciones no solo apuntan a Manzur, sino también a una red de parlamentarios que habrían actuado bajo una lógica de intercambio de favores y recursos.
La Corte Suprema ha sido enfática en que el respaldo de estos congresistas a temas clave de la agenda del Ejecutivo se obtuvo en condiciones cuestionables, comprometiendo la ética y la independencia legislativa.
Este escándalo continúa en desarrollo, y la expectativa ahora se centra en las próximas diligencias judiciales y en las declaraciones de los implicados, quienes deberán responder por sus presuntos actos de corrupción en un caso que, sin duda, seguirá estremeciendo al país.
