La Universidad de Antioquia, la institución educativa más emblemática del departamento, atraviesa uno de los momentos económicos más críticos de su historia. A pocos días de finalizar el año, la universidad admite que no cuenta con los recursos para cubrir la nómina de diciembre ni para financiar proyectos de investigación, semilleros estudiantiles u otras inversiones básicas para su funcionamiento académico.
De los 148.000 millones de pesos que requería para cerrar el 2025, la UdeA solo dispone de 14.000 millones, una cifra insuficiente que refleja un déficit estructural que supera ya los 450.000 millones de pesos. El panorama, lejos de mejorar, se agravó durante este año ante las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El vicerrector administrativo, Jesús Francisco Vargas, explicó que uno de los factores que ha profundizado la crisis es el retraso en los pagos del Hospital Alma Máter, cuya cartera con la universidad asciende ya a 20.000 millones de pesos. A ello se suman dificultades financieras del propio sistema de salud que afectan indirectamente a la institución.
A pesar de dos créditos aprobados recientemente, uno por 90.000 millones otorgado por la Gobernación de Antioquia vía IDEA en 2024, y otro de 54.000 millones autorizado por el Consejo Superior en 2025, los recursos siguen siendo insuficientes ante la magnitud del déficit.
Como consecuencia, la universidad proyecta que para final de año tendrá una reducción del 30% en su contratación. Esto implica menor vinculación de profesores de hora-cátedra y la eventual disminución de cursos en programas con baja matrícula. Vargas aseguró que no se trata de una política de recorte masivo, sino de un ajuste integral para intentar mantener estable la operación mínima.
Dentro del debate del presupuesto para 2026, la Universidad de Antioquia anticipa un recorte de gastos por 65.000 millones de pesos, mientras sigue a la espera de la reforma a la Ley 30 de 1992, que actualmente se discute en el Congreso. Esta normativa define la financiación de las instituciones públicas de educación superior y ha sido señalada durante años como insuficiente para cubrir sus necesidades básicas de operación.
La situación se ha agravado en las últimas semanas por otro factor nacional, como lo es el retraso del Gobierno Petro en los giros de la Política de Gratuidad. Los recursos pendientes, correspondientes al segundo semestre de 2025 y parte del primero, ascienden a 876.330 millones de pesos y afectan a todas las universidades públicas del país. Sin estos recursos, las instituciones no pueden proyectar gastos ni garantizar sus nóminas.
El Sistema Universitario Estatal (SUE) advirtió que la falta de asignación presupuestal afecta directamente los procesos de planificación y operación de las universidades, poniendo en riesgo la continuidad de miles de estudiantes.
Con un déficit histórico creciente, retrasos en los giros del Gobierno y compromisos financieros sin respaldo, la Universidad de Antioquia enfrenta un cierre de año incierto y un 2026 que dependerá de reformas legislativas aún sin aprobarse y de decisiones fiscales que no pueden esperar más.
