Un jurado federal de Estados Unidos absolvió a la compañía minera Drummond Company de las acusaciones que la vinculaban con grupos paramilitares en Colombia. Asimismo, ordenó el pago de 256 millones de dólares por daños derivados de lo que calificó como una campaña de difamación y extorsión en su contra.
Se conoció que la decisión fue emitida el pasado 15 de enero por un jurado del Distrito Norte de Alabama, el cual concluyó que las denuncias presentadas durante años contra la multinacional carecían de sustento probatorio y respondían a intereses económicos de quienes las promovieron.
De acuerdo con el fallo, el abogado estadounidense Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates, conocida como IRAdvocates, incurrieron en conductas ilegales al fabricar acusaciones falsas, manipular testigos y adelantar una estrategia judicial y mediática orientada a afectar la reputación y las operaciones de la empresa carbonífera.
Como parte del veredicto, el tribunal otorgó a Drummond 52 millones de dólares por concepto de difamación y 68 millones de dólares por extorsión, en aplicación de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Esta normativa contempla la triplicación automática de los daños, lo que elevó la indemnización total a 256 millones de dólares.
Durante el juicio, el jurado determinó que Collingsworth actuó con conocimiento de la falsedad de los señalamientos o, en su defecto, con lo que el fallo describió como “un desprecio imprudente por la verdad”.
También se estableció que las acusaciones fueron difundidas mediante comunicaciones dirigidas a terceros y a través de campañas mediáticas en Estados Unidos, Colombia y Europa.
La evidencia presentada reveló, además, pagos ilícitos que superaron los 400.000 dólares a testigos como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias El Viejo Miguel, quienes habrían entregado testimonios falsos sobre supuestos vínculos de Drummond con organizaciones armadas ilegales.
En el marco de esta estrategia, igualmente fueron mencionados el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario neerlandés Albert van Bilderbeek.
Tras conocerse el fallo, la defensa de la compañía señaló que el veredicto ratifica la inexistencia de cualquier relación entre Drummond y grupos armados al margen de la ley. La empresa recordó que durante décadas enfrentó señalamientos que, según lo determinado por el jurado, fueron construidos de manera deliberada y fraudulenta.
Este pronunciamiento judicial se suma a decisiones previas de la justicia estadounidense. En ese sentido, cabe recordar que en 2015 la Corte Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, ratificó un fallo en el que se estableció que no existían pruebas de que Drummond o sus directivos hubieran financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ni participado en homicidios de civiles en zonas cercanas a su infraestructura férrea.
