Este jueves se reanudó en el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados por su presunta participación en el entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia busca definir si los exfuncionarios tendrán que afrontar el proceso bajo detención domiciliaria, como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación.
Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, fueron imputados semanas atrás por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Durante esa audiencia, ambos rechazaron los cargos y manifestaron su desacuerdo con los señalamientos formulados por el ente acusador.
Según la Fiscalía, los exministros habrían tenido un rol central en la presunta estructura delictiva que operó desde la UNGRD, mediante la supuesta asignación direccionada de recursos públicos.
En el expediente se señala que Bonilla y Velasco habrían intervenido en la priorización de 74 proyectos del Invías por un valor aproximado de $571.701 millones y cinco proyectos de la UNGRD por $40.536 millones, para un total cercano a $612.237 millones. De acuerdo con la investigación, solo siete de estos proyectos llegaron a ejecutarse.
Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que ya fueron incorporados los elementos materiales probatorios y señaló que no presentaría réplicas adicionales frente a lo expuesto. La Procuraduría General de la Nación, a través de su delegado para el caso, Mario Enrique Gómez Jiménez, respaldó la solicitud del ente acusador, aunque recordó que los exministros han comparecido a las diligencias y no se ha evidenciado riesgo de fuga.
La magistrada Aura Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, explicó que la detención preventiva es una medida excepcional dentro del ordenamiento jurídico y que solo procede cuando se demuestra su necesidad.
En ese sentido, señaló que la detención domiciliaria es una medida subordinada y que la solicitud de la Fiscalía debe entenderse como un argumento que no resulta vinculante para el juez de control de garantías.
Durante su intervención, la Magistrada indicó que, a partir del análisis preliminar del caso, se configuró un acuerdo de voluntades entre los exministros para la comisión de conductas ilícitas, así como la existencia de una empresa delictiva orientada a la utilización de entidades públicas para la obtención de apoyos legislativos. En ese contexto, advirtió que el uso sistemático de instituciones del Estado como mecanismo de negociación política afecta el funcionamiento del sistema democrático.
El Tribunal precisó que el juez de garantías conserva la facultad de acoger o apartarse de la medida solicitada por la Fiscalía e incluso de imponer una distinta, siempre dentro de los límites legales. La audiencia continúa a esta hora con el análisis de los requisitos jurídicos para la eventual imposición de una medida de aseguramiento, mientras se define la situación jurídica de los exministros en el proceso por el caso UNGRD.
