El Tribunal Constitucional de Bolivia ha tomado una decisión contundente al ratificar las normas que impiden a los expresidentes postularse para un tercer mandato, cerrando así toda posibilidad de que Evo Morales pueda volver a presentarse legalmente para la presidencia. Esta sentencia constituye un freno definitivo a las aspiraciones políticas de Morales, quien en los últimos días había manifestado públicamente su deseo de retornar al poder, movilizando a las bases campesinas y cocaleras para generar presión política en el país.
La decisión del tribunal se basa en la Constitución boliviana, que fue modificada en 2009 para establecer un límite de dos mandatos presidenciales. Morales, quien ya gobernó desde 2006 hasta 2019, fue reelecto bajo esta norma en 2014 tras un fallo controversial que le permitió participar en esos comicios. Sin embargo, esta nueva resolución refuerza la limitación constitucional, poniendo fin a sus intenciones de candidatura y cerrando el debate sobre un posible regreso al poder por la vía electoral.
La estrategia política de Morales y el “deseo del pueblo”
A pesar del fallo, Evo Morales ha insistido en que su candidatura responde al “deseo del pueblo” y ha activado sus redes de apoyo en las bases campesinas y cocaleras, un sector históricamente fiel al exmandatario. En los últimos días, Morales ha intensificado su discurso político, convocando a movilizaciones y haciendo llamados a la resistencia contra lo que considera una “persecución política” del actual presidente, Luis Arce.
Morales sigue siendo una figura de peso en el ámbito político de Bolivia, y su relación con Arce, quien fue su ministro de Economía y actual mandatario, ha sufrido crecientes tensiones. Aunque inicialmente ambos compartían la visión del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó Morales, su actual rivalidad ha polarizado a la militancia, dividiendo al MAS entre seguidores de Morales y partidarios de Arce.
Escándalos recientes: abuso de menores y un supuesto atentado
La figura de Morales no solo ha sido protagonista de disputas políticas, sino también de varios escándalos en las últimas semanas. Uno de los más graves son las denuncias de abuso sexual y violación a menores de edad, que incluyen la acusación de que una de las jóvenes tuvo un hijo del expresidente. Aunque Morales ha negado los señalamientos, estos han generado un fuerte rechazo social y han mermado su imagen pública.
A estos señalamientos se suma un incidente reciente en el que el vehículo de Morales fue atacado a tiros. Morales denunció el hecho como un atentado político y responsabilizó al gobierno de Arce, en lo que calificó como una “persecución” orquestada para intimidarlo y frenar su activismo político. No obstante, las autoridades no han confirmado los detalles del supuesto atentado, y algunos sectores han cuestionado la veracidad del incidente, sugiriendo que podría tratarse de una maniobra para ganar apoyo y reforzar su discurso de victimización y dicen que fue un autoatentado.
Morales: una fuerza opositora activando las bases comunistas
Aunque el Tribunal Constitucional ha cerrado la puerta a su candidatura, Morales sigue activo en la política boliviana y es visto como un fuerte líder de oposición. En su rol actual, ha intensificado su activismo en las bases comunistas y sectores rurales, impulsando un discurso crítico contra el gobierno de Arce y acusándolo de traicionar los principios de izquierda. La influencia de Morales en estas bases representa una presión constante sobre el gobierno, que intenta contener la división en el MAS y frenar la desestabilización interna.
La decisión del tribunal de impedir la postulación de Morales abre una nueva etapa en la política boliviana, en la que el exmandatario deberá redefinir su estrategia para mantener su relevancia y poder. En un país donde los cambios en el liderazgo han sido complejos y polarizados, la figura de Morales continúa generando división y debates intensos.
Mientras tanto, Bolivia se enfrenta a la incertidumbre de un clima político tenso, con un Morales en un papel opositor y un gobierno que intenta consolidarse en medio de una creciente presión social y política.