El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en contra del Gobierno Nacional por presuntos incumplimientos que han agudizado la crisis del sistema de salud en la ciudad y en el país. La acción judicial, presentada el pasado 29 de mayo, involucra a los ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y varias EPS actualmente intervenidas.
La decisión del Tribunal incluye una orden para vincular a la red hospitalaria pública y privada de Medellín, así como a la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de emitir pronunciamientos sobre los posibles incumplimientos que motivan la demanda. Además, otorga al Gobierno Nacional un plazo de cinco días hábiles para responder respecto a la medida cautelar solicitada, cuyo propósito es evitar un daño irreparable ante la amenaza directa a la vida y salud de millones de ciudadanos.
El alcalde Gutiérrez presentó la acción popular en su calidad de primera autoridad sanitaria de la ciudad. En su argumentación, destacó que la intervención estatal a distintas EPS y la falta de giros oportunos a las IPS han puesto en riesgo la prestación de servicios de salud. Según cifras entregadas por el mandatario, las instituciones hospitalarias en Medellín están recibiendo apenas el 6 % de los recursos que se les adeudan por servicios ya prestados.
“Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables. No me voy a quedar callado mientras otros juegan con la salud de la gente”, declaró Gutiérrez al presentar la demanda.
La admisión del recurso abre la posibilidad para que ciudadanos y organizaciones se sumen al proceso en defensa del derecho fundamental a una atención digna en salud.
Clínicas y hospitales de la ciudad enfrentan una crisis financiera aguda. El Hospital General de Medellín reporta una deuda acumulada de $128.000 millones, mientras que la red pública Metrosalud asegura que se le adeudan $32.000 millones. Esta situación compromete la continuidad de los servicios médicos en uno de los momentos más críticos para el sector.
