Durante la noche del lunes 7 de julio, habitantes del barrio Salitre Occidental, en la localidad de Fontibón, bloquearon los accesos a la Terminal de Transporte del Occidente y varias vías cercanas, en rechazo a la reubicación temporal de la comunidad indígena Emberá en una sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC).
La decisión fue adoptada por la Alcaldía de Bogotá como parte del cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 28 de mayo ordenó el desalojo de la comunidad indígena de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde actualmente residen, debido a condiciones de hacinamiento e insalubridad. El fallo otorgó tres meses para ejecutar la medida y garantizar alojamiento digno, especialmente para niños y adolescentes.
De allí que el Distrito definiera la sede del IDPAC como lugar de reubicación provisional, tras una revisión de más de 70 predios en los últimos seis meses. Según la administración, este espacio cuenta con condiciones que permiten adaptar una atención integral a la comunidad.
No obstante, un amplio sector de los residentes manifestó su inconformidad por la decisión, alegando falta de consulta previa, preocupaciones sobre seguridad, condiciones sanitarias y el impacto de la medida en el entorno.
Como forma de protesta, impidieron el paso vehicular hacia la terminal y zonas aledañas, por lo que la Policía Metropolitana intervino en el lugar para mediar entre los manifestantes y las autoridades distritales, y hacia las 9:00 p.m. se reportó la recuperación de la movilidad, sin mayores alteraciones del orden público.
El concejal Daniel Briceño cuestionó la medida desde sus redes sociales, dirigiéndose directamente al IDPAC y a la Secretaría de Gobierno. Señaló falta de soluciones definitivas y criticó lo que calificó como una decisión tomada sin concertación con la comunidad local. También advirtió sobre una eventual repetición de la situación vivida en La Rioja, ahora en un nuevo predio.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida obedece a una orden judicial enmarcada en un proceso de análisis técnico adelantado por el Distrito desde hace meses. Aseguró que se han explorado todas las alternativas disponibles y que se está en diálogo con los actores involucrados para garantizar acuerdos de convivencia. También reiteró la solicitud al Gobierno Nacional para avanzar en una solución definitiva de retorno o reubicación con garantías.
Quintero detalló que la propuesta final para la reubicación fue presentada ante un Comité de Emergencia, con participación de la Personería de Bogotá, representantes de la ONIC y voceros de la comunidad Emberá. En su pronunciamiento institucional, afirmó que Bogotá recibe a miles de víctimas de desplazamiento forzado y que es deber del Distrito garantizar condiciones para la reconstrucción de sus proyectos de vida.
Las autoridades distritales informaron que continuarán generando espacios de diálogo con los residentes del sector, y que se garantizarán condiciones adecuadas tanto para la comunidad indígena como para el funcionamiento del predio donde serán alojados temporalmente.
