La relación bilateral entre Colombia y Ecuador entró en una nueva fase de fricción tras el anuncio de Quito de imponer tarifas adicionales al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una decisión que se suma al arancel del 30% decretado sobre las importaciones provenientes de Colombia.
La medida se inscribe en un cruce de decisiones comerciales y energéticas que ambos gobiernos han presentado como respuestas de “reciprocidad”, pero que revelan un deterioro acelerado de los canales de coordinación binacional.
La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que el transporte de petróleo colombiano por el OCP será objeto de nuevas tarifas, en línea con las acciones adoptadas por Bogotá tras el anuncio arancelario ecuatoriano.
Según explicó la funcionaria en redes sociales, el ajuste en el cobro por el uso del oleoducto responde a las decisiones tomadas por Colombia, entre ellas la imposición de un arancel equivalente a productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad.
El detonante de esta cadena de medidas fue la decisión de Ecuador de aplicar un gravamen del 30% a las importaciones colombianas, argumentando que Colombia no ha hecho lo suficiente para contener el narcotráfico en la frontera común.
El arancel entrará en vigencia el 1 de febrero y excluye expresamente a la electricidad, sector en el que Ecuador reconoce un déficit, y a los servicios de logística de hidrocarburos, aunque el transporte de crudo por infraestructura ecuatoriana quedó sujeto a revisión tarifaria.
El Gobierno por su parte, anunció la imposición de la misma tarifa a una veintena de productos ecuatorianos y decidió suspender el suministro de energía eléctrica, un rubro sensible para Ecuador en medio de limitaciones estructurales de generación.
En ese contexto, la decisión de ajustar las tarifas del OCP introduce un componente estratégico adicional a la disputa, al tocar directamente el tránsito de hidrocarburos por infraestructura considerada clave para la región.
El OCP, en el que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, cuenta con una capacidad de transporte de hasta 450.000 barriles diarios. Junto con el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, que puede movilizar otros 360.000 barriles diarios, constituye el eje del transporte de crudo desde la Amazonía hasta el Pacífico. Según cifras del Banco Central de Ecuador, la producción petrolera del país se situó en 469.000 barriles diarios en noviembre, de los cuales el 39% fue transportado por el OCP.
Las medidas adoptadas por ambos gobiernos han ido ampliando el alcance del conflicto, incorporando sectores estratégicos sin que se haya anunciado, hasta ahora, un canal formal de negociación que permita contener la escalada.
