El general Juan Miguel Huertas sigue ejerciendo como director del Comando de Personal del Ejército, pese a la suspensión provisional ordenada por la Procuraduría General de la Nación hace una semana.
La continuidad del oficial en su cargo ha dejado en evidencia un retraso administrativo que involucra directamente al presidente Gustavo Petro, quien no ha firmado el acto requerido para formalizar la separación temporal del uniformado. El ente de control confirmó que solicitará explicaciones formales al Gobierno ante la ausencia de una respuesta que materialice la orden disciplinaria.
El caso se originó después de que un informe periodístico revelara presuntos contactos entre Huertas y las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Calarcá’. Según la información divulgada, el oficial habría ofrecido asesoría para la creación de empresas de seguridad destinadas a facilitar operaciones de esa estructura armada mediante una fachada legal.
Tras estas revelaciones, la Procuraduría decidió suspender al general Huertas y al director de Inteligencia, Wilmar Mejía. En este último caso, la medida se aplicó de inmediato. En el de Huertas, no.
Mientras la suspensión no se hace efectiva, la preocupación en el ente de control crece. La Procuraduría advirtió que no existe motivo que justifique la falta de acatamiento y recordó que mantener al oficial en su cargo podría interferir en las verificaciones internas. Sectores militares confirmaron que Huertas continúa firmando documentos y dirigiendo actividades dentro de su despacho, sin que se haya registrado movimiento administrativo alguno.
La situación se agrava por el antecedente institucional reciente del excanciller Álvaro Leyva, cuya suspensión también registró demoras por parte del Gobierno. Ese episodio generó tensiones con la Procuraduría, que ahora observa similitudes en el trámite pendiente del general Huertas. El organismo advirtió que una falta de cumplimiento podría abrir nuevas actuaciones disciplinarias, dado que la orden fue comunicada de manera inmediata a la Casa de Nariño.
Además de los señalamientos recientes, Huertas enfrenta un proceso relacionado con una presunta ejecución extrajudicial ocurrida en 2003 en Granada, Antioquia. En ese operativo, reportado oficialmente como combate, la justicia administrativa determinó que no existían registros que respaldaran la versión militar.
Por esa razón, en 2018 el Estado fue condenado a indemnizar a la familia de una de las víctimas y, como consecuencia, el Ministerio de Defensa presentó una demanda de repetición contra Huertas y otros uniformados.
A pesar de este historial, el presidente Petro lo reintegró al servicio activo en 2025, decisión que hoy contrasta con la suspensión ordenada por la Procuraduría y con las investigaciones que aún están en curso. Ese reintegro también es objeto de cuestionamiento dentro de sectores militares, donde algunos oficiales señalaron al general como una figura con incidencia en la salida de mandos cuando el actual Gobierno asumió la Presidencia.
